19 abr 2012

PROMOCION 2012

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROMOCION 2012

MARZO

martes, 13 de marzo de 2012 COMAS VII

miércoles, 14 de marzo de 2012 SOSA I y II

jueves, 15 de marzo de 2012 BERARDI XI

martes, 20 de marzo de 2012 COMAS VIII

miércoles, 21 de marzo de 2012 SOSA III y IV

jueves, 22 de marzo de 2012 BERARDI XII

martes, 27 de marzo de 2012 COMAS IX

miércoles, 28 de marzo de 2012 -

jueves, 29 de marzo de 2012 BERARDI XV

ABRIL

martes, 03 de abril de 2012 COMAS X

miércoles, 04 de abril de 2012 SOSA V y VI

jueves, 05 de abril de 2012 FERIADO

martes, 10 de abril de 2012 COMAS XXXVI: 1,2 y 3

miércoles, 11 de abril de 2012 EXAMEN (1ER. PARCIAL)

jueves, 12 de abril de 2012 BERARDI XVI

martes, 17 de abril de 2012 COMAS XXXIII

miércoles, 18 de abril de 2012 SOSA XIII y XIV

jueves, 19 de abril de 2012 BERARDI XVII

martes, 24 de abril de 2012 COMAS RECUPERATORIO 1ER. PARCIAL

miércoles, 25 de abril de 2012 FER.ACAD.

jueves, 26 de abril de 2012 BERARDI XXVII

MAYO
martes, 01 de mayo de 2012 FERIADO

miércoles, 02 de mayo de 2012 SOSA XXIV y XXV

jueves, 03 de mayo de 2012 BERARDI XXX

martes, 08 de mayo de 2012 COMAS XVIII

miércoles, 09 de mayo de 2012 SOSA XXVIII

jueves, 10 de mayo de 2012 BERARDI XXX (continuación)

martes, 15 de mayo de 2012 FER.ACAD.

miércoles, 16 de mayo de 2012 SOSA XXIX Y XXXII

jueves, 17 de mayo de 2012 BERARDI XXXI

martes, 22 de mayo de 2012 SEM.MAYO

miércoles, 23 de mayo de 2012 SEM.MAYO

jueves, 24 de mayo de 2012 SEM.MAYO

martes, 29 de mayo de 2012 COMAS XIX

miércoles, 30 de mayo de 2012 EXAMEN (2DO. PARCIAL)

jueves, 31 de mayo de 2012 BERARDI XXXV

JUNIO
martes, 05 de junio de 2012 COMAS XX

miércoles, 06 de junio de 2012 -

jueves, 07 de junio de 2012 BERARDI XXXVI ap. 4

martes, 12 de junio de 2012 COMAS RECUPERATORIO 2DO. PARCIAL

miércoles, 13 de junio de 2012 SOSA XXXIV

jueves, 14 de junio de 2012 BERARDI XXXVII

martes, 19 de junio de 2012 COMAS XXI

miércoles, 20 de junio de 2012 FERIADO

jueves, 21 de junio de 2012 BERARDI XXVI

martes, 26 de junio de 2012 COMAS EXAMEN (3ER. PARCIAL)

miércoles, 27 de junio de 2012 SOSA XXXVIII

jueves, 28 de junio de 2012 BERARDI XXII

JULIO
martes, 03 de julio de 2012 COMAS XXIII

miércoles, 04 de julio de 2012 RECUPERATORIO 3ER. PARCIAL

jueves, 05 de julio de 2012 BERARDI -

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NOTA SOLICITANDO RÉGIMEN DE PROMOCION

Trenque Lauquen, 15 de noviembre de 2011.

Al Consejo Directivo de la

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

de la Universidad Nacional de La Pampa.

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Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de solicitar que se autorice para el año próximo un régimen de promoción para la asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial, conforme las siguientes pautas según el anexo de la Resolución 119/99 :

1- Como el régimen de promoción debe abarcar por lo menos el 50% de los contenidos de la asignatura (art. 2), propongo que alcance a las unidades 1,2,3,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 30 y 32 del programa vigente. Quedan así incluidos los temas centrales de la teoría general del proceso y algunos de los más relevantes de la normativa procesal vigente en la provincia de La Pampa.

Las unidades no incluidas serán objeto de examen final (ver art. 4 del anexo).

2- Las clases serán dictadas en el primer cuatrimestre, conforme cronograma que oportunamente se presentará, coincidiendo con las clases abiertas para el alumnado en general. Es decir, a las cursadas podrán asistir como oyentes los alumnos que no formen parte del régimen de promoción, pues su presencia no tiene por qué entorpecer.

Un porcentaje sustancial de las clases incluidas en el régimen de promoción, muy superior al 40%, será absorbido por el titular de la cátedra.

3- Las evaluaciones parciales serán 3 y sucederán al cabo de desarrollarse 6, 7 y 7 bolillas, del total de 20 incluidas en el régimen.

Sendos recuperatorios estarán disponibles a más tardar dentro de los 10 días desde cada parcial, una vez hechas las respectivas correcciones.

La primer chance de rendir examen final dentro del régimen de promoción coincidirá con la primer mesa general siguiente a la finalización de la cursada.

4- Las consultas se desarrollarán en clase y a través de Internet.

5- Para empezar el próximo año, propongo un cupo de no más de 40 alumnos.

6- La bibliografía está disponible en la biblioteca actualmente y, si no, será indicada y proporcionada por la cátedra.

7- Es necesario ampliar la planta docente o la dedicación de la ya existente.

Ello así porque habrá un plus de esfuerzo (v.gr. trabajos prácticos; exámenes parciales y sus recuperatorios -cuyas fechas no deberían coincidir con los días y horas de dictado de clases corrientes-, etc.).

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Toribio Enrique Sosa

Prof. Titular Regular

Derecho Procesal II

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PLANIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN (¡atención!, las fechas de examen han tenido modificaciones; ver CRONOGRAMA más arriba).

Trenque Lauquen, 31 de enero de 2012.

Al Sr. Secretario Académico de la

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

de la Universidad Nacional de La Pampa

Dr. Sebastián Pais Rojo

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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informar el cronograma de clases de la asignatura Derecho Procesal II, según el detalle que sigue:

1- En nota del 15/11/2011 solicitamos autorización para un régimen de promoción abarcativo de las unidades 1,2,3,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 30 y 32 del programa de estudio vigente.

Proponemos que los tres parciales se realicen en las siguientes fechas y conteniendo las unidades del programa de estudio que se indican:

1ER. PARCIAL 11/4/2012, 1,2,3,5,6,11

2DO. PARCIAL 30/5/2012: 7,9,12,13,14,15, 16 Y 17

3ER. PARCIAL 4/7/2012: 24,25,27,28,30 y 32

Los respectivos recuperatorios eventualmente se tomarían los días 30/5/2012, 4/7/2012 y 1/8/2012.

Los alumnos que aprueben los tres parciales serán examinados respecto de las unidades no incluidas en la promoción, a partir del llamado del 1/8/2012; los que aprueben dos de los 3 parciales, serán examinados respecto de las unidades no incluidas en la promoción y de las incluidas en el parcial reprobado, también a partir del llamado del 1/8/2012; los que aprueben 1 solo de los 3 parciales o ninguno, serán examinados respecto de todas las unidades de la materia.

2- Sobre el total de 80 puntos (20 bolillas) incluidas en el régimen de promoción, 45 serán abastecidos por el profesor Sosa (el 56,25%), 30 por la profesora Berardi (35%) y 7 por la profesora Comas (8,75%).

Sobre un total de 152 puntos contenidos en el programa de estudio (38 unidades, a razón de 4 puntos por cada unidad), 61,45 y 46 puntos serán dictados en clase por los profesores Sosa, Berardi y Comas respectivamente, representando en ese orden el 40%, 30% y 30% del total de los contenidos de la asignatura.

3- Se propone que las clases sean dictadas conforme el siguiente cronograma, ordenado por día-profesor-unidad temática a desarrollar: (ver INFRA)

Según ese cronograma se totalizan 101 horas de clase, de las cuales 45 horas están a cargo del profesor Sosa (un 44,55% del total horario), y 28 horas a cargo de las profesoras Berardi y Comas (un 27,72% cada una).

Para el titular se propone una clase de 5 horas de duración, entre las 17:30 y las 22:30 hs. (art. 11 del anexo I a la Resol. 261/11 del Consejo Directivo), los siguientes días miércoles: 14 y 21 de marzo, 4 y 18 de abril, 2,9 y 16 de mayo, 13 y 27 de junio. Son 9 clases, a 5 horas cada una, haciendo un total de 45 horas.

Para las profesoras Berardi y Comas la duración de la clase será de 2 horas, los días jueves y martes respectivamente, en horario a coordinar.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Toribio Enrique Sosa

Prof. Titular Derecho Procesal II

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PROGRAMA DE ESTUDIO (unidades fuera del régimen de promoción)

Unidad IV

1- Desplazamiento de la competencia: prórroga, acumulación de pretensiones, continencia de la causa, fuero de atracción en los procesos concursales y sucesorios.

2- La Justicia de Paz y la Justicia Regional Letrada: normas constitucionales y legales. Juez: requisitos, designación, duración. Competencia. Procedimiento. Recursos.

3- Cuestiones de competencia: clases; planteamiento; trámite; resolución.

4- Excusación y recusación: causales, trámite.

Unidad VIII

1- El expediente judicial: compaginación, desgloses, custodia, consulta, préstamo, reconstrucción, archivo.

2- Audiencias: concepto, régimen legal, registro.

3- Las actos procesales del órgano jurisidiccional: clases de resoluciones judiciales y requisitos.

4- Los actos procesales del secretario y del auxiliar letrado.

Unidad X

1- Vistas y traslados: plazo, carácter, inapelabilidad.

2- Notificación: concepto. Notificación por ministerio de la ley. Notificación tácita.

3- Notificación por cédula: casos, contenido, firma y diligenciamiento de la cédula. Notificación personal: casos, forma.

4- Notificación por medio fehaciente: casos, forma. Notificación edictal: casos, forma. Nulidad de la notificación.

Unidad XVIII

1- Documento: concepto, clases. Normas sustanciales y procesales. Oportunidad de ofrecimiento y agregación: en poder del oferente, de la contraparte o de terceros, indisponibilidad, posterior o desconocido. Forma de presentación: legalización.

2- Efecto del silencio respecto de los documentos acompañados por la contraparte. Comprobación de instrumentos privados: cotejo, documentos indubitados, cuerpo de escritura. Redargusión de falsedad: hipótesis, cargas, procedimiento.

3- Correspondencia privada: entre partes, dirigida a terceros, recibida de terceros. Libros de comercio. Grabaciones. Documento electrónico.

4- Valor probatorio de la prueba documental.

Unidad XIX

1- Confesión: concepto. Comparación con el silencio, la admisión y el reconocimiento. Objeto sobre el que puede versar. Clases: judicial y extrajudicial; espontánea y provocada; expresa y ficta; simple, calificada y compleja; divisible e indivisible.

2- Interrogatorio: forma y contenido; presentación; pregunta impertinente; preguntas recíprocas y de oficio; quiénes tienen la carga de declarar; declaración por oficio; situación de los incapaces, apoderado y personas jurídicas. Caducidad de la prueba.

3- Forma de citación del declarante. Cargas de comparecer y declarar: efectos del incumplimiento. Declarante domiciliado fuera de la sede del juzgado. Declarante que deba ausentarse. Enfermedad del declarante.

4- Medio de probar la confesión extrajudicial. Valor probatorio de la confesión expresa, ficta y extrajudicial. Prueba confesional y declaración contra sí mismo.

Unidad XX

1- El testigo: concepto. Admisibilidad de la prueba testimonial y admisibilidad del testigo. Testigos excluidos, oposición. Número máximo de testigos. Ofrecimiento. Prueba de oficio. Carga del oferente cuando la recepción de la prueba se comisiona a otro juez. Forma y carga de la citación.

2-Deber de comparecer: excepciones. Deber de declarar: excepciones. Deber de decir verdad. Sanciones.

3- Examen del testigo: juramento, interrogatorio preliminar, forma de las preguntas y de las respuestas. Permanencia de los testigos. Careo. Audiencias, suspensión, interrupción.

4- Caducidad de la prueba. Valoración de la prueba; idoneidad de los testigos. Testigo único. Testigo necesario.

Unidad XXI

1- Prueba pericial: concepto. El perito: idoneidad, aceptación del cargo, recusación, remoción. El consultor técnico: designación, remplazo, actuación, honorarios. Informes científico, artísticos o técnicos.

2- Ofrecimiento de la prueba pericial: cargas. Declaración de admisibilidad. Designación: número. Puntos de pericia.

3- Forma de hacer la pericia: examen pericial, dictamen inmediato, forma y contenido del dictamen, sustanciación, explicaciones o aclaraciones, impugnación, poder del juez para ordenar medidas complementarias.

4- Caducidad de la prueba de peritos. Fuerza probatoria del dictamen pericial. Costas y honorarios del perito.

Unidad XXII

1- Prueba de informes: concepto; admisibilidad; plazos para la contestación, retardo; atribuciones de los abogados; compensación; impugnación por falsedad.

2- Reconocimiento judicial: concepto. Medidas admisibles. Forma de practicar la diligencia.

3- Presunciones: concepto, clases, indicios, valor probatorio.

4- Medios de prueba no legislados: condiciones requeridas para su admisibilidad; procedimiento para receptarlos.

Unidad XXIII

1- Falta de mérito para abrir a prueba: concepto; trámite, recursos.

2- Clausura del período probatorio: preclusión, pruebas pendientes, sustanciación, resolución, notificación, recursos.

3- Alegato de bien probado: concepto; importancia; plazos para retirar el expediente y presentar el alegato; reserva. Alegato en cámara.

4- Comienzo del plazo para dictar sentencia: cuándo se produce, efectos, medidas para mejor proveer.

Unidad XXVI

1- Desistimiento: clases, conceptos, capacidad, bilateralidad, revocación, costas, efectos. Renuncia del derecho. El hecho extintivo. El caso abstracto (moot case).

2- Allanamiento: concepto, diferencias con la admisión, el reconocimiento y la confesión, oportunidad, sentencia o interlocutoria, costas.

3- Transacción: concepto, normas sustanciales y procesales, oportunidad, forma, presentación, homologación, efectos, costas. Conciliación: concepto, oportunidad, homologación.

4- Caducidad de la instancia: concepto; necesidad de declaración judicial; presupuestos; plazos; procesos, partes y personas a las que se aplica y a las que no; particularidades cuando existe reconvención y apelación del peticionante de la perención; suspensión, interrupción y purga; efectos de la declaración de caducidad de la instancia; recursos; costas.

Unidad XXIX

1- Queja: denegación de la apelación, efecto con que se la hubiera concedido; forma; trámite, efectos. Denegación del recurso extraordinario.

2- Recurso extraordinario provincial. Procedencia; sentencia definitiva, motivos. Plazo y formalidades. Monto del litigio. Depósito previo; pérdida y reintegro. Juicio de admisibilidad: por el a quo y por el Superior Tribunal. Certiorari negativo. Sustanciación. Acuerdo: forma y contenido. Sentencia: jurisdicción positiva o reenvío.

3- Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de la Nación: concepto, requisitos, trámite.

4- Recurso extraordinario federal: concepto, admisibilidad, causales (supremacías federal y constitucional), trámite. Sentencia definitiva y superior tribunal de la causa (jurisprudencia). Extensiones jurisprudenciales: arbitrariedad, gravedad institucional, per saltum. Restricción legal: certiorari negativo.

Unidad XXXI

1- Anotación de litis: procedencia, consecuencia jurídica, duración. Protección de personas: procedencia. Protección contra la violencia familiar.

2- Intervención y administración judiciales: clases, funciones, gastos, honorarios.

3- Prohibición de innovar y medida cautelar innovativa: concepto, procedencia. Prohibición de contratar: efectos frente a los interesados y a terceros.

4- Medida cautelar genérica. Tutela urgente: anticipatoria, autosatisfactiva, amparo.

Unidad XXXIII

1- Juicio ejecutivo común: procedencia, opción por proceso de conocimiento, deuda parcialmente líquida. Títulos ejecutivos: enumeración. Preparación de la vía ejecutiva: casos, procedimiento.

2- Demanda ejecutiva: teoría de la individualización. Trámites irrenunciables. Sentencia monitoria. Mandamiento de intimación de pago y embargo. Embargo ejecutivo previo, propuesta de martillero. Denegación de la ejecución: recursos. Costas.

3- Oposición a la ejecución: excepciones admisibles, trámite, sentencia, recursos. Liquidación, pago, fianza y preferencias. Nulidad de la ejecución: supuestos. Juicio ordinario posterior: admisibilidad, alcance del debate.

4- Ejecuciones especiales: disposiciones generales. Ejecución hipotecaria: normas sustanciales y procesales, excepciones admisibles, informe sobre condiciones del inmueble hipotecado, tercer poseedor. Ejecución de prenda con registro: normas aplicables, título ejecutivo, trámite, excepciones admisibles; ejecución privada. Ejecución de prenda sin desplazamiento: excepciones, reglas aplicables. Ejecución fiscal.

Unidad XXXIV

1- Cumplimiento de la sentencia. Temeridad del ejecutado. Inapelabilidad. Dinero embargado. Adjudicación: concepto, casos, autorización para compensar. Subasta judicial: concepto.

2- Disposiciones comunes a toda subasta judicial. Martillero: designación, carácter de su actuación, remoción, rendición de cuentas, comisión. Edictos: relevancia, contenido, oportunidad, plazo para impugnar. Propaganda adicional: autorización, obligados al pago, inclusión indebida de otros bienes. Preferencia para el remate. Subasta progresiva. Posturas bajo sobre. Compra en comisión. Tributos. Postor remiso. Regularidad del acto. Articulaciones infundadas. Nulidad de la subasta.

3- Subasta de muebles: base, forma de pago del precio, gravámenes sobre la cosa, secuestro de la cosa, anoticiamiento del auto de subasta, entrega.

4- Subasta de inmuebles: recaudos previos al auto de subasta, anoticiamiento del auto de subasta, base, fracaso por falta de postores, pago del precio, indisponibilidad de fondos, escrituración, inscripción del dominio, perfeccionamiento de la adquisición, entrega, desocupación.

Unidad XXXV

1- Interdictos:concepto, clases, admisibilidad, procedimiento, medidas cautelares, objeto de la prueba. Casos de posibilidad de modificación y ampliación de la demanda. Caducidad. Juicio posterior. Acciones posesorias: procedimiento. Denuncia de daño temido: reconocimiento judicial, información sumaria, medidas de seguridad, intervención de la autoridad administrativa, recursos, sanciones conminatorias. Oposición a la ejecución de reparaciones urgentes: trámite, resolución, recursos, medidas conminatorias.

2- Declaración de incapacidad y de inhabilitación: concepto, requisitos de admisibilidad, resolución, curador provisional, prueba, dictamen médico, medidas cautelares, traslado de las actuaciones, sentencia, congruencia, recursos, consulta. Rehabilitación: concepto, trámite. Declaración de sordomudez. Declaración de inhabilitación: supuestos, legitimación, contenido de la sentencia, divergencias enter el inhabilitado y el curador. Declaración de ausencia: régimen legal, procedimiento. Fallecimiento presunto: régimen legal, procedimiento. Desaparición forzada de personas: régimen legal, procedimiento.

3- Alimentos y litisexpensas: concepto, régimen sustancial y procesal. Recaudos. Audiencia preliminar: incomparecencia justificada e injustificada, intervención de la parte demandada. Prueba. Sentencia. Recursos. Percepción, cumplimiento de la sentencia, alimentos atrasados. Modificación o cesación de los alimentos. Litisexpensas.

4- Rendición de cuentas. Demanda por obligación de rendir cuentas: juicio sumarísimo u ordinario, incidente, justificación de partidas, saldos reconocidos. Demanda por aprobación de cuentas.

Unidad XXXVI

1- Mensura y deslinde: conceptos, diferencias y caracteres, procedimiento.

2- División o liquidación de cosas comunes: concepto y diferencias, trámite, tasador. División extrajudicial.

3- Desalojo: trámite, procedencia, sublocatarios y terceros ocupantes. Notificación del traslado de demanda: lugar, deberes del notificador. Medios de prueba. Reconvención y consignación. Posesión como alegación defensiva. Sentencia: alcance subjetivo, plazo para el lanzamiento, recursos. Abandono del inmueble. Tutela anticipatoria. Condena de futuro.

4- Adopción: régimen legal, preadoptabilidad, guarda y adopción. Guarda: competencia, requisitos para su otorgamiento. Adopción: competencia, partes, prueba, reserva y secreto, sentencia.

Unidad XXXVII

1- Proceso sucesorio: concepto, especies, competencia, fuero de atracción, legitimación para promoverlo, requisitos de iniciación, medidas preliminares y de seguridad, simplificación de la tramitación, límites a la intervención de los interesados, fallecimiento de sucesores, acumulación de procesos sucesorios, audiencia.

2- Sucesión ab intestato: concepto, citación a los interesados, declaratoria de herederos: contenido, ampliación, inscripción y efectos, admisión de coherederos. Sucesión testamentaria: concepto; protocolización: oposición; citación y aprobación.

3- Administración de la herencia. Administrador provisional: designación. Administrador definitivo: designación, facultades y obligaciones, sustitución y remoción, honorarios. Inventario y avalúo: concepto, procedimiento, reclamaciones. Partición y adjudicación: concepto, modos; cuenta particionaria: concepto, impugnación, aprobación.

4- Herencia vacante: denuncia, curador provisional, citación, declaración judicial, inventario, avalúo y liquidación o donación. Herederos que no justifican su título. Petición de herencia.

Unidad XXXVIII

1- Juicio arbitral: objeto, cuestiones excluidas, forma y contenido del compromiso, constitución del tribunal, procedimiento. Laudo: contenido, plazo, ejecución, recursos, costas y honorarios.

2- Juicio de amigables componedores: objeto, normas aplicables, nulidad del laudo, costas y honorarios.

3- Juicio pericial o pericia arbitral: procedencia, diferencia con los procesos arbitrales y con la prueba de peritos, recursos.

4- Mediación: concepto, clases, características, régimen legal.

PROGRAMA DE EXAMEN (bolillas con temas fuera del régimen de promoción)

Bolilla 1

1- Desplazamiento de la competencia: prórroga, acumulación de pretensiones, continencia de la causa, fuero de atracción en los procesos concursales y sucesorios.

2- Efecto del silencio respecto de los documentos acompañados por la contraparte. Comprobación de instrumentos privados: cotejo, documentos indubitados, cuerpo de escritura. Redargusión de falsedad: hipótesis, cargas, procedimiento.

3- Forma de hacer la pericia: examen pericial, dictamen inmediato, forma y contenido del dictamen, sustanciación, explicaciones o aclaraciones, impugnación, poder del juez para ordenar medidas complementarias.

4- Caducidad de la instancia: concepto; necesidad de declaración judicial; presupuestos; plazos; procesos, partes y personas a las que se aplica y a las que no; particularidades cuando existe reconvención y apelación del peticionante de la perención; suspensión, interrupción y purga; efectos de la declaración de caducidad de la instancia; recursos; costas.

5- Cumplimiento de la sentencia. Temeridad del ejecutado. Inapelabilidad. Dinero embargado. Adjudicación: concepto, casos, autorización para compensar. Subasta judicial: concepto.

6- Sucesión ab intestato: concepto, citación a los interesados, declaratoria de herederos: contenido, ampliación, inscripción y efectos, admisión de coherederos. Sucesión testamentaria: concepto; protocolización: oposición; citación y aprobación.

Bolilla 2

1- La Justicia de Paz y la Justicia Regional Letrada: normas constitucionales y legales. Juez: requisitos, designación, duración. Competencia. Procedimiento. Recursos.

2- Correspondencia privada: entre partes, dirigida a terceros, recibida de terceros. Libros de comercio. Grabaciones. Documento electrónico.

3- Caducidad de la prueba de peritos. Fuerza probatoria del dictamen pericial. Costas y honorarios del perito.

4- Queja: denegación de la apelación, efecto con que se la hubiera concedido; forma; trámite, efectos. Denegación del recurso extraordinario.

5- Disposiciones comunes a toda subasta judicial. Martillero: designación, carácter de su actuación, remoción, rendición de cuentas, comisión. Edictos: relevancia, contenido, oportunidad, plazo para impugnar. Propaganda adicional: autorización, obligados al pago, inclusión indebida de otros bienes. Preferencia para el remate. Subasta progresiva. Posturas bajo sobre. Compra en comisión. Tributos. Postor remiso. Regularidad del acto. Articulaciones infundadas. Nulidad de la subasta.

6- Administración de la herencia. Administrador provisional: designación. Administrador definitivo: designación, facultades y obligaciones, sustitución y remoción, honorarios. Inventario y avalúo: concepto, procedimiento, reclamaciones. Partición y adjudicación: concepto, modos; cuenta particionaria: concepto, impugnación, aprobación.

Bolilla 3

1- Cuestiones de competencia: clases; planteamiento; trámite; resolución.

2- Valor probatorio de la prueba documental.

3- Prueba de informes: concepto; admisibilidad; plazos para la contestación, retardo; atribuciones de los abogados; compensación; impugnación por falsedad.

4- Recurso extraordinario provincial. Procedencia; sentencia definitiva, motivos. Plazo y formalidades. Monto del litigio. Depósito previo; pérdida y reintegro. Juicio de admisibilidad: por el a quo y por el Superior Tribunal. Certiorari negativo. Sustanciación. Acuerdo: forma y contenido. Sentencia: jurisdicción positiva o reenvío.

5- Subasta de muebles: base, forma de pago del precio, gravámenes sobre la cosa, secuestro de la cosa, anoticiamiento del auto de subasta, entrega.

6- Herencia vacante: denuncia, curador provisional, citación, declaración judicial, inventario, avalúo y liquidación o donación. Herederos que no justifican su título. Petición de herencia.

Bolilla 4

1- Excusación y recusación: causales, trámite.

2- Confesión: concepto. Comparación con el silencio, la admisión y el reconocimiento. Objeto sobre el que puede versar. Clases: judicial y extrajudicial; espontánea y provocada; expresa y ficta; simple, calificada y compleja; divisible e indivisible.

3- Reconocimiento judicial: concepto. Medidas admisibles. Forma de practicar la diligencia.

4- Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de la Nación: concepto, requisitos, trámite.

5- Subasta de inmuebles: recaudos previos al auto de subasta, anoticiamiento del auto de subasta, base, fracaso por falta de postores, pago del precio, indisponibilidad de fondos, escrituración, inscripción del dominio, perfeccionamiento de la adquisición, entrega, desocupación.

6- Juicio arbitral: objeto, cuestiones excluidas, forma y contenido del compromiso, constitución del tribunal, procedimiento. Laudo: contenido, plazo, ejecución, recursos, costas y honorarios.

Bolilla 5

1- El expediente judicial: compaginación, desgloses, custodia, consulta, préstamo, reconstrucción, archivo.

2- (Confesional) Interrogatorio: forma y contenido; presentación; pregunta impertinente; preguntas recíprocas y de oficio; quiénes tienen la carga de declarar; declaración por oficio; situación de los incapaces, apoderado y personas jurídicas. Caducidad de la prueba.

3- Presunciones: concepto, clases, indicios, valor probatorio.

4- Recurso extraordinario federal: concepto, admisibilidad, causales (supremacías federal y constitucional), trámite. Sentencia definitiva y superior tribunal de la causa (jurisprudencia). Extensiones jurisprudenciales: arbitrariedad, gravedad institucional, per saltum. Restricción legal: certiorari negativo.

5- Interdictos:concepto, clases, admisibilidad, procedimiento, medidas cautelares, objeto de la prueba. Casos de posibilidad de modificación y ampliación de la demanda. Caducidad. Juicio posterior. Acciones posesorias: procedimiento. Denuncia de daño temido: reconocimiento judicial, información sumaria, medidas de seguridad, intervención de la autoridad administrativa, recursos, sanciones conminatorias. Oposición a la ejecución de reparaciones urgentes: trámite, resolución, recursos, medidas conminatorias.

6- Juicio de amigables componedores: objeto, normas aplicables, nulidad del laudo, costas y honorarios.

Bolilla 6

1- Audiencias: concepto, régimen legal, registro.

2- (Confesional) Forma de citación del declarante. Cargas de comparecer y declarar: efectos del incumplimiento. Declarante domiciliado fuera de la sede del juzgado. Declarante que deba ausentarse. Enfermedad del declarante.

3- Medios de prueba no legislados: condiciones requeridas para su admisibilidad; procedimiento para receptarlos.

4- Anotación de litis: procedencia, consecuencia jurídica, duración. Protección de personas: procedencia. Protección contra la violencia familiar.

5- Declaración de incapacidad y de inhabilitación: concepto, requisitos de admisibilidad, resolución, curador provisional, prueba, dictamen médico, medidas cautelares, traslado de las actuaciones, sentencia, congruencia, recursos, consulta. Rehabilitación: concepto, trámite. Declaración de sordomudez. Declaración de inhabilitación: supuestos, legitimación, contenido de la sentencia, divergencias enter el inhabilitado y el curador. Declaración de ausencia: régimen legal, procedimiento. Fallecimiento presunto: régimen legal, procedimiento. Desaparición forzada de personas: régimen legal, procedimiento.

6- Juicio pericial o pericia arbitral: procedencia, diferencia con los procesos arbitrales y con la prueba de peritos, recursos.

Bolilla 7

1- Las actos procesales del órgano jurisdiccional: clases de resoluciones judiciales y requisitos.

2- Medio de probar la confesión extrajudicial. Valor probatorio de la confesión expresa, ficta y extrajudicial. Prueba confesional y declaración contra sí mismo.

3- Falta de mérito para abrir a prueba: concepto; trámite, recursos.

4- Intervención y administración judiciales: clases, funciones, gastos, honorarios.

5- Alimentos y litisexpensas: concepto, régimen sustancial y procesal. Recaudos. Audiencia preliminar: incomparecencia justificada e injustificada, intervención de la parte demandada. Prueba. Sentencia. Recursos. Percepción, cumplimiento de la sentencia, alimentos atrasados. Modificación o cesación de los alimentos. Litisexpensas.

6- Mediación: concepto, clases, características, régimen legal.

Bolilla 8

1- Los actos procesales del secretario y del auxiliar letrado.

2- El testigo: concepto. Admisibilidad de la prueba testimonial y admisibilidad del testigo. Testigos excluidos, oposición. Número máximo de testigos. Ofrecimiento. Prueba de oficio. Carga del oferente cuando la recepción de la prueba se comisiona a otro juez. Forma y carga de la citación.

3- Clausura del período probatorio: preclusión, pruebas pendientes, sustanciación, resolución, notificación, recursos.

4- Prohibición de innovar y medida cautelar innovativa: concepto, procedencia. Prohibición de contratar: efectos frente a los interesados y a terceros.

5- Rendición de cuentas. Demanda por obligación de rendir cuentas: juicio sumarísimo u ordinario, incidente, justificación de partidas, saldos reconocidos. Demanda por aprobación de cuentas.

6- Desalojo: trámite, procedencia, sublocatarios y terceros ocupantes. Notificación del traslado de demanda: lugar, deberes del notificador. Medios de prueba. Reconvención y consignación. Posesión como alegación defensiva. Sentencia: alcance subjetivo, plazo para el lanzamiento, recursos. Abandono del inmueble. Tutela anticipatoria. Condena de futuro.

Bolilla 9

1- Vistas y traslados: plazo, carácter, inapelabilidad.

2- (Testigo) Deber de comparecer: excepciones. Deber de declarar: excepciones. Deber de decir verdad. Sanciones.

3- Alegato de bien probado: concepto; importancia; plazos para retirar el expediente y presentar el alegato; reserva. Alegato en cámara.

4- Medida cautelar genérica. Tutela urgente: anticipatoria, autosatisfactiva, amparo.

5- Juicio ejecutivo común: procedencia, opción por proceso de conocimiento, deuda parcialmente líquida. Títulos ejecutivos: enumeración. Preparación de la vía ejecutiva: casos, procedimiento.

6- División o liquidación de cosas comunes: concepto y diferencias, trámite, tasador. División extrajudicial.

Bolilla 10

1- Notificación: concepto. Notificación por ministerio de la ley. Notificación tácita.

2- Examen del testigo: juramento, interrogatorio preliminar, forma de las preguntas y de las respuestas. Permanencia de los testigos. Careo. Audiencias, suspensión, interrupción.

3- Comienzo del plazo para dictar sentencia: cuándo se produce, efectos, medidas para mejor proveer.

4- Desistimiento: clases, conceptos, capacidad, bilateralidad, revocación, costas, efectos. Renuncia del derecho. El hecho extintivo. El caso abstracto (moot case).

5- Demanda ejecutiva: teoría de la individualización. Trámites irrenunciables. Sentencia monitoria. Mandamiento de intimación de pago y embargo. Embargo ejecutivo previo, propuesta de martillero. Denegación de la ejecución: recursos. Costas.

6- Mensura y deslinde: conceptos, diferencias y caracteres, procedimiento.

Bolilla 11

1- Notificación por cédula: casos, contenido, firma y diligenciamiento de la cédula. Notificación personal: casos, forma.

2- Caducidad de la prueba. Valoración de la prueba; idoneidad de los testigos. Testigo único. Testigo necesario.

3- Prueba pericial: concepto. El perito: idoneidad, aceptación del cargo, recusación, remoción. El consultor técnico: designación, remplazo, actuación, honorarios. Informes científico, artísticos o técnicos.

4- Allanamiento: concepto, diferencias con la admisión, el reconocimiento y la confesión, oportunidad, sentencia o interlocutoria, costas.

5- Oposición a la ejecución: excepciones admisibles, trámite, sentencia, recursos. Liquidación, pago, fianza y preferencias. Nulidad de la ejecución: supuestos. Juicio ordinario posterior: admisibilidad, alcance del debate.

6- Adopción: régimen legal, preadoptabilidad, guarda y adopción. Guarda: competencia, requisitos para su otorgamiento. Adopción: competencia, partes, prueba, reserva y secreto, sentencia.

Bolilla 12

1- Notificación por medio fehaciente: casos, forma. Notificación edictal: casos, forma. Nulidad de la notificación.

2- Documento: concepto, clases. Normas sustanciales y procesales. Oportunidad de ofrecimiento y agregación: en poder del oferente, de la contraparte o de terceros, indisponibilidad, posterior o desconocido. Forma de presentación: legalización.

3- Ofrecimiento de la prueba pericial: cargas. Declaración de admisibilidad. Designación: número. Puntos de pericia.

4- Transacción: concepto, normas sustanciales y procesales, oportunidad, forma, presentación, homologación, efectos, costas. Conciliación: concepto, oportunidad, homologación.

5- Ejecuciones especiales: disposiciones generales. Ejecución hipotecaria: normas sustanciales y procesales, excepciones admisibles, informe sobre condiciones del inmueble hipotecado, tercer poseedor. Ejecución de prenda con registro: normas aplicables, título ejecutivo, trámite, excepciones admisibles; ejecución privada. Ejecución de prenda sin desplazamiento: excepciones, reglas aplicables. Ejecución fiscal.

6- Proceso sucesorio: concepto, especies, competencia, fuero de atracción, legitimación para promoverlo, requisitos de iniciación, medidas preliminares y de seguridad, simplificación de la tramitación, límites a la intervención de los interesados, fallecimiento de sucesores, acumulación de procesos sucesorios, audiencia.
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NOTAS DEL RECUPERATORIO
DEL TERCER PARCIAL (4/7/2012)

	Berardi	Sosa	Global
Sonzini	2	4,65	6,65
Pinto	2,6	3	5,6
Bernal	1,75	2,7	4,45
Martínez	1	3,3	4,3
Garino	2,5	0,65	3,15
Piatti	0,2	1,1	1,3
Mercaú			A
Ortiz			A

TERCER PARCIAL DEL 26/6/2012

* Recuperatorio:
a- alumnos con calificación menor que 4 puntos;
b- es el día miércoles 4/7/2012, en horario de clase del prof. Sosa;
c- ¡llevar CPCC La Pampa! (para ser usado en la prueba)

	Berardi	Sosa	nota global
Walter	2,95	5,75	8,7
Alonso Pordomingo	3,05	5,35	8,4
Luján	3,2	4,4	7,6
Trucchi	2,9	4,65	7,55
Villa	3,15	4,25	7,4
Fernández Miró	2,5	4,8	7,3
Trezza	2,95	3,65	6,6
Alarcón	2,4	4,05	6,45
Mansilla	2,3	4,1	6,4
Bernal Birolo	2,25	4	6,25
Giovana	2	4	6
Pieroligi	2,65	3,15	5,8
Schutz	2,05	3,65	5,7
Casale Margutti	2,5	3,1	5,6
Sardi	2,3	3,2	5,5
Carrizo	2,05	3,4	5,45
Corti	1,6	3,75	5,35
Fungo	2,5	2,75	5,25
Lucero	2,3	2,95	5,25
Avendaño	2,3	2,85	5,15
Casado	2,6	2,45	5,05
Campasso	1,55	3,5	5,05
Conti	1,2	3,8	5
Esnal	2	2,75	4,75
Huarte	2,1	2,5	4,6
Calzada	1,4	3	4,4
Peralta	1,6	2,65	4,25
López	1,65	2,55	4,2
Necol	2,1	2,05	4,15
Martínez	1,9	1,4	3,3
Sonzini	1,1	2,15	3,25
Garino	1,15	2,05	3,2
Mercaú	1,5	1,6	3,1
Ortiz	1,75	1,2	2,95
Bernal	1,1	1,2	2,3
Pinto	1,45	0,4	1,85
Piatti	0,4	0,5	0,9

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RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL (12/6/2012)
COMAS BERARDI SOSA NOTA GLOBAL
Calzada 1 1,75 3,75 6,50
Mercaú 0,75 0,75 1,50 3
Piatti 0 0,50 1 1,50
Moroni 0 0,20 1 1,20

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SEGUNDO PARCIAL DEL 30/5/2012
* con menos de 4, debe rendirse recuperatorio el 12/6/2012, con la Prof. Comas, en su horario habitual de clase

SOSA COMAS BERARDI


Alarcón	3,55	2	3,5
Mansilla	3,35	1,8	3,6
Alonso Pordomingo	3,55	2	2,95
Luján	3,2	1,3	3,9
Villa	3,45	1,3	3,45
Huarte	3,2	1,2	3,8
Fernández Miró	2,6	1,8	3,4
Fungo	3,35	1,8	2,65
Trucchi	3,25	1,8	2,65
Walter	2,65	1,8	2,95
Giovana	3,2	1,8	2,2
Conti	2,5	1,2	3,3
Esnal	2,5	1,65	2,85
Avendaño	2,45	1,75	2,55
Corti	2,5	1,55	2,6
Trezza	2,45	1,3	2,75
Casale Margutti	2,95	1,55	1,95
Campasso	2,05	1,35	2,95
Necol	2,15	1,2	2,9
Casado	2,5	1,4	2,1
Pieraligi	1,65	1,05	3,1
Sardi	2,1	1,3	2,25
Sonzini	1,8	1,05	2,8
Bernal	2,4	0,6	2,4
Carrizo	2	1,5	1,85
Bernal Birolo	2,55	1,1	1,65
Lucero	3,05	1,05	1,15
Ortiz	1,75	0,95	2,5
Pinto	1,75	1,8	1,6
Garino	1,5	1,05	2,55
Peralta	1,15	1,3	2,5
López	1,9	0,6	2,35
Martínez	1,7	1,6	1,4
Schutz	0,95	1,5	2,25
Calzada	2,1	0,35	0,9
Piatti	0,55	0,8	1,9
Moroni	0,6	0,55	1,85
Mercaú	0,9	0,55	1,05

		NOTA FINAL
Alarcón		9,05
Mansilla		8,75
Alonso Pordomingo		8,5
Luján		8,4
Villa		8,2
Huarte		8,2
Fernández Miró		7,8
Fungo		7,8
Trucchi		7,7
Walter		7,4
Giovana		7,2
Conti		7
Esnal		7
Avendaño		6,75
Corti		6,65
Trezza		6,5
Casale Margutti		6,45
Campasso		6,35
Necol		6,25
Casado		6
Pieraligi		5,8
Sardi		5,65
Sonzini		5,65
Bernal		5,4
Carrizo		5,35
Bernal Birolo		5,3
Lucero		5,25
Ortiz		5,2
Pinto		5,15
Garino		5,1
Peralta		4,95
López		4,85
Martínez		4,7
Schutz		4,7
Calzada		3,35
Piatti		3,25
Moroni		3
Mercaú		2,5

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PRIMER PARCIAL DEL 11/4/2012;

* todas las notas están "redondeadas" por compartimentos de 0,25, ej. Bernal tuvo 4,05, y su nota es 4,25.

* con menos de 4, debe rendirse recuperatorio el 24 de abril, con la Prof. Comas, en su horario habitual de clase

LUJAN 8,75

ALARCON 8,75

VILLA 8,5

FERNANDEZ MIRO 8

MANSILLA 7,5

CAMPASSO 7,5

CONTI 7,25

HUARTE 7,25

TRUCCHI 7

TREZZA 6,5

ALONSO PORDOMINGO 6,5

CASADO 6,5

PIERDIGI 6,5

WALTER 6,25

FUNGO 6

CASALE MARGUTTI 6

GIOVANA 5,5

MERCAU 5,25

SCHUTZ 5

CARRIZO 5

LOPEZ 5

CALZADA 5

ESNAL 4,75

SARDI 4,75

ORTIZ 4,75

CORTI 4,5

MARTINEZ 4,5

PIATTI 4,25

BERNAL 4,25

NECOL 4,25

PINTO 4

PERALTA 4

GARINO 4

LUCERO 4

GONZALEZ 3,75

IVIGLIA 3,5

GIRAUDO 3,5

MORONI 3

CARON 2,5

AVENDAÑO 2

LEZCANO 2

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RECUPERATORIO DEL 1ER. PARCIAL

Recuperatorio del 24/4/2012
BERNAL	8,5
SONCINI	6
IVIGLIA	3
GONZALEZ	3
GIRAUDO	3
CARON	3
AVENDAÑO	3
LEZCANO	3
MORONI	2

30 ene 2012

UNIDAD III

UNIDAD III

1- Jurisdicción. [1]

1.1. Forma republicana de gobierno: significado.

El art. 1º de la Constitución Nacional proclama que la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, mientras que el art. 5º establece que las provincias al dictar sus propias constituciones deben sujetarse a la forma republicana de gobierno.

¿Cuáles son las notas caracterizantes de la forma republicana de gobierno?

Son: a- división de poderes; b- elección popular de los gobernantes; c- periodicidad de funciones (renovación periódica); d- publicidad de los actos de gobierno; e- responsabilidad de los gobernantes; f- igualdad ante la ley.

La concepción de la división de poderes (que abreva ideológicamente en Montesquieu, "El espíritu de las leyes") responde a la necesidad de debilitar el poder para resguardar la libertad de los individuos evitando los excesos que suelen acompañar a la concentración del poder.

El art. 29 de la Constitución Nacional regla que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Y el art. 109 edicta que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse le conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Como primera aproximación, salta a la vista que los tres poderes divididos son, como es sabido, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Ahora bien. Desde una perspectiva más minuciosa se advierte que el poder del Estado, como fuerza social para cumplir sus fines, es uno solo, con pluralidad de funciones y órganos. De manera que lo que se divide no es el poder, sino las funciones y los órganos que las cumplen. Por tanto, cuando se habla de poderes en realidad se alude a órganos con sus respectivas funciones, funciones que serían tres: legislativa, administrativa y jurisdiccional.

Para distinguir las funciones se han esbozado tres criterios: a- el orgánico (según el órgano que cumple la función); b- el formal (según la forma del acto que exterioriza el ejercicio de la función); c- el material (según el contenido o la esencia del acto, allende el órgano de que emane y su forma). Los dos primeros criterios, muy simples y lineales, no tienen acogida, a diferencia del último que, no obstante, genera no pocas dificultades cada vez que se lo intenta aplicar para caracterizar una función determinada. Por ejemplo, si por ley en sentido material se entendiera toda norma de carácter general y obligatorio, quedarían involucrados en la función legislativa los reglamentos del poder ejecutivo y los fallos plenarios del poder judicial. De manera que, en este último caso, el poder judicial ejercería función legislativa (a menos que por ley en sentido material se entendiera norma general y obligatoria que dé origen a derecho nuevo u originario: el fallo plenario no da lugar a derecho nuevo); así como ejercería función administrativa en los llamados procesos voluntarios.

1.2. Jurisdicción: concepto.

El lenguaje jurídico acuerda a la palabra "jurisdicción" diversos significados.

En una primera acepción normalmante se la utiliza para denotar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos del Estado, sean ellos judiciales o administrativos.

Desde el punto de vista técnico se considera a la jurisdicción -al igual que la legislación y la administración- como una de las funciones estatales, definiéndosela como aquella mediante la cual los órganos judiciales del Estado administran justicia (o mejor, aplican el ordenamiento jurídico) en los casos litigiosos.

No obstante, la función jurisdiccional no está depositada íntegramente en el Poder Judicial.

La función jurisdiccional es ejercida además por numerosos organismos administrativos y el propio órgano legislativo. Ejemplo del primer supuesto lo constituyen las sanciones que imponen vgr. los tribunales de faltas comunales cuando se infringen determinadas ordenanzas. En cuanto a la segunda hipótesis, se impone la misma conclusión respecto del Senado, en el caso del juicio político.

A la inversa, los órganos judiciales no siempre ejercen actividad juridiccional (reglamentaciones judiciales, designación de funcionarios o empleados, intervención en los casos de jurisdicción voluntaria, etcétera).

Por ello, corresponde atender el acto jurisdiccional en sí mismo, colocando en un segundo plano su aspecto orgánico o formal.

La función legislativa resulta fácilmente diferenciable de la jurisdiccional, porque la primera tiene por objeto crear normas abstractas y generales, en tanto que la segunda se traduce en la creación de normas individuales, rasgo éste que también es común a la función administrativa, por eso, la principal dificultad consiste en distinguir adecuadamente el acto jurisdiccional del administrativo.

1.3. Los jueces.

1.3.1. Deberes y poderes-deberes.

1.3.1.1. Concepto.

Señalaba Couture en la Exposición de motivos de su Proyecto de 1945 que el juez "no debe de ningún modo ser el sujeto pasivo, espectador impasible, que deja transcurrir el litigio sin interesarse por él hasta el momento en que su secretario pone los autos al despacho para sentencia. De acuerdo con la orientación publicística de derecho procesal moderno, punto sobre el cual ya no hay discusión, pues el consenso es unánime, el juez debe participar del proceso desde el día mismo de su promoción."

La instalación del juez como "director del proceso" significa que los poderes que le confieren las leyes vigentes deben ser actuados en la medida que lo exige el rendimiento público del servicio de justicia, y desde la misma iniciación del proceso. Se trata de poderes-deberes, en el sentido que el juez debe hacer todo aquello que, pudiéndolo hacer, conduzca al mejor resultado del proceso.

Ello debe ser así porque el juez integra uno de los Poderes del Estado y el Estado tiene, al igual que las partes, un interés propio en el pleito: que la jurisdicción cumpla su cometido.

La inobservancia de deberes a cargo de los jueces puede acarrearles responsabilidades y sanciones (ver arts. 32, 159 y 160 del CPCC o sometimiento al jurado de enjuiciamiento por mal desempeño, arts. 113 y sgtes. Const de La Pampa)

1.3.1.2. Algunos de los principales deberes.

De acuerdo al art. 35 del CPCC son deberes de los jueces:

* Asistencia a las audiencias.

El juez debe asistir a la audiencia preliminar bajo pena de nulidad y a las de prueba, también bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración (art. 35 inc. 1 párrafo 1º CPCC).

Es decir que el deber de que se trata –en el caso de las audiencias de prueba- aparece debilitado, en tanto condicionado al requerimiento de cualquiera de las partes.

En cambio, las audiencias preliminares y las de divorcio o separación personal son de asistencia obligatoria también para el juez (arts. 35 inc. 1º párrafo 2º CPCC y 236 del Código Civil). En las primeras, la inasistencia del juez acarrea la nulidad absoluta del acto, única nulidad de éste tipo prevista en el Código Procesal (art. 344 inc. 1º CPCC)

* No delegación de tareas.

El juez debe realizar personalmente las diligencias que el CPCC u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada.(art. 35, inc. 2º)

La delegación de tareas del juez hacia sus colaboradores aparece autorizada p.ej. en las siguientes disposiciones del CPCC:

Art. 40: (Constituyen deberes y funciones de los Secretarios...) 5º) Firmar, bajo la dirección del juez, sin perjuicio de las facultades conferidas al Prosecretario y dentro del plazo establecido por el artículo 35 inciso 4º, apartado a), las providencias simples que no sean susceptibles de causar gravamen irreparable. (...)” (inciso 5º); Asistir, a pedido de parte, a las diligencias de prueba cuando no se haya requerido la presencia del juez y se realicen en el radio del Tribunal. (inciso 6º)

Art. 420: Los testigos serán libremente interrogados, por el juez o el secretario, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos podrá pedirles las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos.

Art. 455: Al reconocimiento judicial asistirá el juez o los miembros del tribunal que éste determine.

No obstante, en la práctica judicial se observa que la delegación de tareas en los colaboradores del juez se ha generalizado, teniendo en cuenta el volumen y la diferente complejidad de las mismas.

Por último, sin perjuicio de que la competencia es indelegable, puede el juez de la causa encomendar a jueces de distintas jurisdicciones o localidades la realización de diligencias determinadas (ver v.gr. arts. 3, 365, 406 y 431 del CPCC).

* Decisión de las causas, tempestivamente.

Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (art. 15 Código Civil). El juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, comete delito (art. 273 Código Penal).

Además, de acuerdo al art. 35 inc. 3 del CPCC el juez debe decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado (es decir, en situación de recibir sentencia), salvo las preferencias que establezca el Reglamento para la Justicia Provincial.

Según la naturaleza de la resolución, dispone el juez de diferentes plazos para expedirse (art. 35 inc. 4 CPCC):

a) Las providencias simples, dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 37 inciso 1, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los 10 días o 15 días de tener por contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado;

c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario y bajo apercibimiento de lo reglado en el art. 159 del CPCC, dentro de los 40 o 60 días (10 y 15 días tratándose de proceso sumarísimo, art. 462, inc. 5º CPCC), según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. Tratándose de un tribunal colegiado (v.gr. cámara de apelación), el plazo comienza a computarse desde la fecha de sorteo del expediente (art. 34.5.c párrafo 2°); en el caso del juez (órgano judicial unipersonal) el plazo comenzará a correr desde las oportunidades regladas en los arts. 342 y 459 CPCC.

* Fundamentación de las sentencias. Congruencia.

El juez debe fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (arts. 35 inc. 5, 153, 155 inc. 5ª y 257 del CPCC).

Esto es, el juez debe apoyar en derecho sus principales decisiones (sentencia definitiva, interlocutorias) y no debe emitir pronunciamiento en medida menor, ni mayor ni más allá de lo pretendido por las partes, debiendo resolver secundum allegata et probata, esto es, sólo en base a todos los hechos alegados y de las pruebas adquiridas por el proceso (ver en Unidad II, los principios procesales dispositivo y de adquisición).

Una sentencia que no respetara tales límites y condiciones, sería arbitraria, entendiendo por tal, según la elaboración pretoriana de la Corte Suprema de la Nación, aquélla que "no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa".

Y si bien las partes han de fundar en derecho sus postulaciones (art. 313, inc. 5 CPCC), los jueces no están constreñidos a aplicar el derecho propuesto por ellas, pudiendo aplicar el que estimen corresponder (iura novit curia).

* Dirección del procedimiento.

El juez debe asumir un rol activo como director del proceso.

Debe entonces dirigir el procedimiento, cupiéndole según el art. 35 inc. 6 del CPCC:

a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.

b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.

c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe (v.gr. debe declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes, ver arts. 35 inc. 7º, 49, 155 inc. 8, 520 y 548 del CPCC).

e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.

1.3.1.3. Actos debidos.

Otras normas imponen deberes más allá de la función estrictamente procesal del juez: deber de residencia, deber de concurrencia diaria al despacho (art. 10 de la ley orgánica del Poder Judicial –Nº 2574-), incompatibilidades (no ejercer profesión ni desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la Provincia, excepto la docencia, art. 94 de la Constitución Provincial) .

Se los conoce como actos debidos.

1.3.2. Facultades.

1.3.2.1. Ordenatorias e instructorias.

El art. 37 del CPCC expresamente reconoce al juez una serie de posibilidades ordenatorias e instructorias tendientes a permitirle prestar el servicio judicial más efectivo posible.

Las facultades ordenatorias hacen a la buena (regular, sana y útil) marcha del proceso, pudiendo el juez:

* Impulso de oficio (art. 37 inc. 1): tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

* Aclaratoria de oficio (art. 37 inc. 3): corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes (ver art. 166 incs. 1 y 2 CPCC).

* Citación oficiosa de las partes (art. 37 inc. 4): citar de oficio a las partes para intentar una conciliación en cualquier momento; la mera proposición de fórmulas conciliatorias no implica prejuzgamiento. Asimismo, la ley orgánica dispone que los Jueces podrán intentar, una vez al menos y antes de la sentencia, la conciliación de las partes en las cuestiones litigiosas. Podrán procurar también la conciliación para solucionar incidentes, aclarar y simplificar el litigio o la prueba y acelerar el trámite (art. 80)

Las facultades instructorias tienden al esclarecimiento de la verdad material de los hechos controvertidos, pudiendo en particular el juez:

* Ordenar las diligencias necesarias a tal efecto, respetando el derecho de defensa de las partes (art. 37 inc. 2);

* Citar oficiosamente en cualquier momento a las partes para pedirles explicaciones atinentes al objeto del pleito (art. 37 inc. 4;);

* Disponer en cualquier momento la comparecencia de los peritos y testigos (inclusive a quienes no hubieran sido ofrecidos como testigos por las partes, siempre que se tratare de personas al menos nombradas por las partes en sus escritos postulatorios -demanda y contestación-), para interrogarlos sobre lo que consideren necesario (art. 37 inc. 5; ver art. 430 CPCC);

* Mandar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros, en los términos de los arts. 369 a 371 (art. 37 inc. 6).

1.3.2.2. Disciplinarias.

Los jueces se hallan investidos de facultades disciplinarias para salvaguardar el principio de autoridad. Ejerciendo tales facultades pueden sancionar a las partes y a sus auxiliares cuando su comportamiento afectase el buen orden y decoro en los juicios.

En ese sentido los jueces pueden (art. 36 CPCC):

* Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos;

* Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso;

* Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por el Código Procesal y la Ley Orgánica que, no obstante, no enumera ni el primero ni el segundo.

Cabe acotar que los Colegios de Abogados tienen potestad disciplinaria en relación a sus colegiados (Dec-ley 3/62), quienes se hallan sujetos a las Normas de Ética, Decoro y Disciplina (ley 456) correspondientes al código de esa materia vigente en la provincia de Buenos Aires, según lo establecido por el Reglamento Interno del Colegio que regula el Decreto Ley 3/62.

1.3.2.3. Implícitas.

Pero al lado de las facultades que expresamente la ley confiere a los jueces, en doctrina y jurisprudencia se les reconoce también facultades implícitas, que lejos de ampliar su competencia únicamente permiten salvaguardar el pleno ejercicio de la misma en orden a la eficiencia de la administración de justicia, principalmente en cuanto se refiere a proteger los derechos y garantías constitucionales (doct. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1977, "Pérez de Smith, Ana María y otros" Fallos 297-338; cit. así en disco láser JA y también por QUIROGA LAVIÉ, Humberto en "Derecho Constitucional", Ed. Coop. de Derecho y Cs.Sociales, Bs.As., pág. 897). Por ejemplo, podrían invocarse y ejercerse para integrar, por vía interpretativa, el ordenamiento procesal en caso que éste no contemplara expresamente alguna alternativa, si la laguna pudiera conducir a la frustración del derecho esgrimido por un justiciable, y siempre, claro está, respetando el derecho de defensa de todas las partes comprometidas [2]: no olvidar que el amparo nació pretoriamente, sin reglamentación legal (Corte Suprema de la Nación: 1957 "Siri, Angel" Fallos 239-459, y 1958 "Samuel, Kot S.R.L.", en Fallos 241-291; ambos así cits. en disco láser de Jurisprudencia Argentina).

1.4. Auxiliares del órgano jurisdiccional: funcionarios y empleados.

1.4.1. Concepto.

El juez no trabaja solo, sino que se halla secundado por colaboradores, a los que genéricamente puede designarse como "auxiliares".

Claro que la voz "auxiliares" encierra varios significados posibles que es preciso deslindar.

Es dable distinguir entre, por un lado, los auxiliares exclusivos del juez (los que se desempeñan bajo sus órdenes en el juzgado: secretario/a, auxiliar letrado y empleados, oficiales, auxiliares y ayudantes, de acuerdo a la jerarquía escalafonaria) y los que, por otro lado, aún siendo dependientes del poder judicial no se desempeñan en un único juzgado determinado (por ej. los peritos oficiales, o los oficiales de justicia de las oficinas de mandamientos y notiticaciones que existen en cada circunscripción). Todos ellos son empleados públicos, que, a su vez, deben distinguirse de otros auxiliares: los profesionales que actúan judicialmente pero en ejercicio privado de su incumbencia (es decir, sin relación de dependencia con el Estado); establece la Ley Orgánica del Poder Judicial pampeano (nº 2574) que son profesionales auxiliares de la Administración de Justicia los Abogados, Procuradores, Escribanos, Médicos, Ingenieros, Agrimensores, Contadores, Martilleros Públicos, Tasadores, Traductores, Intérpretes, Calígrafos y Peritos en general y los funcionarios, empleados o personas a quienes la ley asigne alguna intervención , estando regidos en su actividad judicial por las disposiciones de las respectivas leyes profesionales reglamentarias (arts. 3 y 96).

El vocablo "funcionarios" también encierra cierta ambigüedad, pues con él se designa tanto a un género de magistrados que no son jueces ni auxiliares de jueces (los miembros del Ministerio Público), como a los secretarios y auxiliares letrados (llamados también pro- secretarios) que no son magistrados pero sí son auxiliares directos de los jueces, como también a los síndicos en los procesos concursales (arts. 251 y sgtes. Ley 24.522), que no son magistrados, ni cobran sueldo del Estado, ni son peritos.

En suma, no todos los llamados "funcionarios" son auxiliares del juez (v.gr. no lo son los miembros del Ministerio Público), ni sólo los empleados del juzgado del que el juez es titular son sus auxilares (v.gr. también lo son los empleados de otras dependencias del poder judicial que prestan servicios comunes a varios juzgados, o los peritos de lista sorteados y designados en cada causa).

1.4.2. Secretarios.

Los secretarios son los principales auxiliares de los jueces. En el ámbito provincial deben ser letrados.

Sus funciones están regladas tanto en el Código Procesal, como en diferentes normas legales y reglamentarias (p.ej. Ley Orgánica del Poder Judicial). El CPCC en su art. 40 dispone que son sus deberes:

1º) Comunicar a las partes y a los terceros las resoluciones judiciales, mediante la firma de cédulas, oficios y edictos, sin perjuicio de las facultades conferidas a los letrados y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.

Las comunicaciones dirigidas al gobernador de la Provincia, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, integrantes del Poder Legislativo y magistrados judiciales, serán efectuadas mediante oficios firmados por el juez.

2º) Firmar mandamientos y giros judiciales.

3º) Extender certificados, testimonios, copias y fotocopias autenticadas de las actuaciones judiciales.

4º) Conferir vistas y traslados.

5º) Firmar, bajo la dirección del juez, sin perjuicio de las facultades conferidas al Prosecretario y dentro del plazo establecido por el artículo 35 inciso 4º, apartado a), las providencias simples que no sean susceptibles de causar gravamen irreparable. Quedan exceptuadas las que ordenan la entrega de fondos, así como las que disponga el Superior Tribunal de Justicia por vía reglamentaria.

6º) Asistir a pedido de parte, a las diligencias de prueba cuando no se haya requerido la presencia del juez y se realicen en el radio del Tribunal.

7º) Poner cargo a todos los escritos, con designación de día y hora, dando recibo de los mismos o de los documentos que les entregaren los interesados, siempre que éstos lo solicitaren, en caso de ausencia del Prosecretario.

8º) Custodiar los documentos y expedientes a su cargo, protocolizar las copias de las resoluciones judiciales y llevar los libros que establezcan las leyes y reglamentos.

9º) Llevar el contralor del movimiento de los depósitos efectuados en los juicios, en los expedientes en que se constituyan.

10º) Darles debido cumplimiento, en la parte que les concierne, a las resoluciones de los Magistrados y a las diligencias y demás actuaciones judiciales.

11º) No retener los escritos o expedientes por mas de (24) horas sin darles curso, bajo la pena de satisfacer los perjuicios que causare demora, salvo impedimento justificado.

Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden pedir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario o Prosecretario. La petición se tramitará en igual forma que el recurso de reposición y será aplicable lo dispuesto por el artículo 235 (art. 43 del CPCC)

Además, corresponde a los secretarios custodiar los documentos y expedientes a su cargo, protocolizar las copias de las resoluciones judiciales y llevar los libros que establezcan las leyes y reglamentos; llevar el contralor del movimiento de los depósitos efectuados en los juicios, en los expedientes en que se constituyan; exigir recibo de todo expediente que entreguen en los casos autorizados por la ley y el reglamento; cuidar que la entrega del expediente o suministro de informes no se efectúen a otra persona que las partes, abogados, procuradores, o aquellas a quienes se lo permitan las leyes procesales y el reglamento judicial; vigilar por sí o por medio de los Prosecretarios, que los agentes a sus órdenes cumplan estrictamente el horario y demás deberes que el cargo les imponga; darles debido cumplimiento, en la parte que les concierne, a las resoluciones de los Magistrados y a las diligencias y demás actuaciones judiciales. (art. 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)

Desde otro punto de vista, el secretario suele desempeñarse como jefe de personal, a modo de nexo administrativo entre el juez y el resto de sus colaboradores y, además, en la práctica también participa en la actividad decisoria, sea como relator, sea como autor de proyectos de resolución que más tarde el juez revisará, lo cual permite que aquél vaya formando su propia experiencia.

El Código Procesal prevé la participación del secretario en las audiencias (arts. 117 inc. 5, 436).

1.4.3. Prosecretarios.

En el órden jerárquico le siguen los prosecretarios, que como los Secretarios, "Tienen firma", siendo sus deberes (art. 42 CPCC):

1º) Firmar las providencias simples que dispongan agregar partidas, exhortos, oficios y otros documentos o actuaciones similares.

2º) Poner cargo a todos los escritos, con designación de día y hora, dando recibo de los mismos o de los documentos que les entregaren los interesados, siempre que éstos lo solicitaren.

3º) Remitir la causa a los Ministerios Públicos, representantes del Fisco y demás funcionarios que intervengan.

4º) Intimar, bajo los apercibimientos de ley, que los escritos se presenten con patrocinio letrado o con copias simples, en los casos en que así corresponda.

5º) Organizar los expedientes a medida que se vayan formando y cuidar que se mantengan en buen estado.

Competencia. Concepto. Clases. GRABACIÓN Prof. SOSA

2. La competencia. [3]

2.1. Concepto. Clases.

Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer la función jurisdiccional en relación con una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.

La competencia es la medida de la función judicial.

Si la administración de justicia estuviera en manos de un único organismo jurisdiccional, carecería de sentido la noción de competencia.

Pero sucede que por la diferente índole de la sustancia de los conflictos (materia), por su diferente significación pecuniaria (valor), por la extensión territorial del Estado (territorio) y por la conveniencia de implementar un sistema de revisión de las resoluciones judiciales a través de diferentes instancias (grado), se establecen varios órganos jurisdiccionales, cuyo ámbito o medida o posibilidad de actuación debe delimitarse del resto.

De manera que el presupuesto objetivo de la competencia es la pluralidad de órganos jurisdiccionales, lo cual hace necesario delimitar sus funciones.

En otras palabras, para mejorar la calidad del servicio de justicia, es menester atender a criterios de diversificación, especialización y descentralización, que conducen a dividir el trabajo judicial entre varios órganos jurisdiccionales, lo cual torna necesario regular y delimitar el grado de aptitud de cada uno de ellos, pues de los contrario podría ocurrir que un mismo asunto tuviera dos o más jueces competentes, o peor aún, que todos los jueces fueran competentes o incompetentes.

Es necesario, pues, delimitar la competencia.

Precisamente, en abstracto pueden ser criterios para delimitar la competencia

a) la materia: hay jueces con competencia civil , comercial , laboral, de paz, contencioso administrativo, penal, etc.;

b) el valor (cantidad) que reclama el actor;

c) el territorio: se vincula con la circunscripción territorial asignada por la ley a la actividad de cada órgano judicial. La atribución de la competencia territorial contempla fundamentalmente la proximidad del órgano judicial con el lugar en que se halla ubicado alguno de los elementos de la petición o pretensión que constituye el objeto del proceso, y persigue aliviar a las partes y peticionarios los inconvenientes derivados de la distancia.

d) el grado: toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias (1ra. instancia ordinaria, 2da. instancia ordinaria, instancia extraordinaria local, instancia extraordinarias federal) de un mismo proceso.

2.2. Oportunidad para su examen.

La competencia se ha de determinar con arreglo a los términos de la demanda, esto es, con prescindencia del contenido de los hechos o argumentos jurídicos que pueda oponer el demandado. Por ejemplo, el proceso de desalojo será competencia del fuero laboral si el actor en su demanda alega haber entregado al demandado en su momento el inmueble en el marco de un contrato de trabajo; o será competencia del fuero civil si el accionante aduce haberlo entregado con motivo de un contrato civil (v.gr. locación) o si atribuye al accionado la condición de intruso.

El juez civil dispone de dos oportunidades para declararse incompetente:

a) antes de conferir traslado de demanda (art. 4 CPCC), in límine litis (es decir, de entrada y prima facie): pero siendo prorrogable la competencia territorial, no puede hacerlo de oficio por esta circunstancia;

b) después, con motivo de la excepción interpuesta por el accionado.

Pasadas esas ocasiones ya no podrá declarar su incompetencia, debiendo resolver sobre el fondo del asunto (art. 334 CPCC).

2.3. Caracteres.

Los caracteres de la competencia son los siguientes:

a) Improrrogabilidad (arts. 1 y 2 del CPCC): La competencia atribuida a los jueces por razón de la materia, valor o grado es improrrogable y puede ser verificada de oficio e in límine por el órgano jurisidicional. Se dice que la incompetencia de un órgano jurisdiccional es absoluta cuando no le corresponde entender en un asunto sea por la materia, el valor o el grado. Pero cuando se trata de la competencia por razón del territorio es prorrogable por voluntad expresa (por acuerdo explícito) o tácita de las partes (para el actor, por entablar la demanda; para el demandado, por no articular excepción de incompetencia), de manera que aunque según las normas aplicables no sea competente no puede el órgano jurisdiccional declararse incompetente de oficio e in límine (es una incompetencia relativa). Excepcionalmente, también es improrrogable la competencia por razón del territorio cuando se trata de la Justicia Regional Letrada (ver UNIDAD IV.1).

b) Indelegabilidad (art. 3 del CPCC La Pampa): La competencia tampoco podrá ser delegada; pero por razones de auxilio judicial pueden encomendarse a jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

c) Orden público: La disponibilidad de la competencia por los particulares es relativa y excepcional (como regla general, sólo lo es por el territorio, art. 1 del CPCC La Pampa; ver UNIDAD IV.1).

3. Competencia local. [4]

3.1. Organización general.

3.1.1. Órganos

El art. 88 de la Constitución de la Provincia de La Pampa -en adelante CLP- determina que el Poder Judicial es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y demás tribunales inferiores que la ley establezca.

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial (nº 2574) –en adelante LOPJ- la que en su artículo 1º establece los demás tribunales inferiores, los que, en cuanto nos interesa aquí (ver nota 1), son:

* Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería;

* Los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral o de Minería;

* Los Juzgados de la Familia y del Menor;

* Los Juzgados Regionales Letrados;

* Los Juzgados de Paz.

3.1.2. División territorial.

Según el art. 4 de la LOPJ, a los fines del ejercicio de la función jurisdiccional, el territorio de la provincia se halla dividido en 4 Circunscripciones:

· La Primera comprende los Departamentos de Capital, Catriló, Atreucó y parte de los Departamentos de Toay y Conhelo;

· La Segunda abarca los Departamentos de Rancul, Realicó, Chapaleufú, Trenel, Maracó, Quemú Quemú y parte del Departamento de Conhelo.

· La Tercera contiene los Departamentos de Utracán, Guatraché, Limay, Mahuida, Puelén, Curacó, Lihuel Calel, Hucal y Caleu Caleu.

· La Cuarta incluye los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Loventué y parte de los Departamentos de Conhelo y Toay.

La Primera tiene su cabecera en la ciudad de Santa Rosa; la Segunda tiene su asiento en General Pico; la Tercera, en General Acha; y la Cuarta, en Victorica.

Ver el dibujo de las circunscripciones en:
https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/circunscripciones-judiciales

3.2- Superior Tribunal de La Pampa

3.2.1. Asiento y competencia territorial.

El asiento del STJ debe estar en la ciudad capital de la provincia (art. 35 LOPJ).

Tiene competencia en todo el territorio de la provincia (art. 35 LOPJ)

3.2.2. Integración

Según el art. 89 de la CLP el Superior Tribunal de Justicia –en adelante el STJ- tiene que contar con un número impar de ministros (así se suele denominar a los jueces de los tribunales superiores), no menor de 3, que la LOPJ en su art. 35 ha precisado en 5.

3.2.3. Designación, duración y remoción de los ministros

Para ser juez del STJ, según el art. 91 de la CLP y el art. 36 de la LOPJ sintéticamente se requiere:

· Ciudadanía argentina con no menos de 5 años de ejercicio;

· No menos de 28 años de edad;

· Título de abogado, con no menos de 5 años de ejercicio en la profesión o en funciones judiciales.

Los jueces del STJ son designados por el Poder Ejecutivo –sin atravesar previamente ningún concurso de oposición y antecedentes ante el Consejo de la Magistratura- con acuerdo de la Cámara de Diputados (art. 92 CLP).

Como todos los jueces, los ministros del STJ son inamovibles y conservan sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones (art. 93 CLP).

Pueden ser destituidos a través de Juicio Político.

Cualquier habitante de la provincia puede denunciarlos ante la Cámara de Diputados por incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes, a efectos de que se inicie el Juicio Político (art. 110 CLP).

El Juicio Político se halla reglamentado a través de la ley nº 1.246, que se puede ver en: http://www.juslapampa.gov.ar/formularios/leyesusuales/Ley_1246-Reglamentaria_del_Juicio_Politico.pdf

3.2.4. Funcionamiento

El STJ podrá expedirse con el voto coincidente de su mayoría y redactar sus pronunciamientos en forma impersonal (art. 37 LOPJ).

El art. 37 de la LOPJ dispone que el STJ ha de funcionar dividido en salas cuya integración, organización y competencia la tiene que disponer el propio Tribunal mediante Acordada. Obviamente, sin el dictado de esa acordada, el STJ sólo puede funcionar en pleno.

No obstante, para algunos asuntos aunque hubiera salas el STJ debe funcionar en pleno, a saber:

a) Para las decisiones de gobierno del Poder Judicial; y

b) Para resolver en jurisdicción originaria las demandas de inconstitucionalidad previstas por el artículo 97 inciso 1) de la Constitución Provincial.

La presidencia del STJ se turnará anualmente entre sus miembros (art. 89 CLP; art. 40 LOPJ).

3.2.5. Competencia

Según el art. 97 de la CLP y el art. 38 de la LOPJ, el Superior Tribunal tiene competencia:

I- de primer y único grado (originaria):

* demandas declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, edictos, resoluciones o reglamentos que versen sobre materia regida por la Constitución Provincial (art. 97.1 Const. LP; art. 38.a LOPJ);

* causas sobre conflictos de poderes (art. 97.2.a y 97.2.b Const. LP; art. 38.b.1 LOPJ);

* acciones de revisión (art. 97.2.c Const.LP; art. 38.b.1 LOPJ);

* causas contencioso administrativas (art. 97. 2.d Const.LP; art. 38.b.2 LOPJ);

* juicios sobre responsabilidad por errores judiciales en materia penal, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución (art. 38.b.3 LOPJ);

II- de ulterior grado (recurrida):

* recurso de casación (art. 38.c.1 LOPJ);

* recursos extraordinarios locales (art. 38.a y 38.c.1 LOPJ);

III- otras

· cuestiones de competencia entre tribunales de distintas circunscripciones o fueros que no tengan un órgano superior común (art. 38.b.4);

· Excusaciones y recusaciones de los miembros del Superior Tribunal (art. 38.b.4;

· quejas contra los tribunales y jueces inferiores por retardo o denegación de justicia, de acuerdo a las leyes procesales. (art. 38.c.2.; no obstante, ver arts. 159, 160 y 273 CPCC LP);

3.2.6. Otras atribuciones

Entre otras mencionadas en el art. 39 de la LOPJ, es dable destacar que el Superior Tribunal de Justicia, como Tribunal Supremo de la provincia de La Pampa, ejerce la superintendencia sobre todos los organismos del Poder Judicial, correspondiéndole también el ejercicio de la dirección administrativa general.

Pero particularmente es relevante indicar que el Superior Tribunal puede dictar reglamentos y expedir acordadas sobre prácticas judiciales o usos forenses estableciendo las normas necesarias para la aplicación de los Códigos Procesales y de la LOPJ (art. 39.d LOPJ). Es decir, puede emitir normas generales regulatorias del proceso, complementarias al CPCC y a la LOPJ.

3.3- Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

3.3.1. Asiento y competencia territorial.

Hay dos Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, una con asiento en Santa Rosa y otra con asiento en General Pico.

La Cámara con asiento en Santa Rosa es competente en la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripciones judiciales, mientras que la Cámara con asiento en General Pico lo es en la Segunda Circunscripción Judicial.

3.3.2. Integración.

El art. 48 de la LOPJ prevé que cada cámara esté conformada por 5 Jueces, divididas en 2 salas de 2 miembros cada una, con 1 Presidente común a ambas, cuando así lo disponga el STJ; mientras así no lo disponga el STJ, cada cámara puede funcionar sólo con 3 jueces, obviamente sin salas. De hecho, actualmente (mediados de 2011) la cámara con asiento en Santa Rosa tiene 5 jueces, mientras que la de Gral. Pico, 3.

3.3.3. Designación, duración y remoción de los camaristas.

Para ser juez de cámara –se lo suele denominar camarista- según el art. 91 de la CLP y el art. 49 de la LOPJ sintéticamente se requiere:

· Ciudadanía argentina con no menos de 5 años de ejercicio;

· No menos de 28 años de edad;

· Título de abogado, con no menos de 4 años de ejercicio en la profesión o en funciones judiciales.

Los jueces de cámara son designados por el Poder Ejecutivo –que debe elegir entre una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, previo concurso de oposición y antecedentes- con acuerdo de la Cámara de Diputados (art. 92 CLP).

Como todos los jueces, los camaristas son inamovibles y conservan sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones (art. 93 CLP).

Pueden ser destituidos por mal desempeño o por desorden de conducta a través de un jurado de enjuiciamiento (art. 113 CLP).

El jurado de enjuiciamiento se halla reglamentado a través de la ley nº 313, que se puede ver en:

http://www.juslapampa.gob.ar/formularios/leyesusuales/Ley_313-Jurado_de_Enjuiciamiento.pdf

3.3.4. Funcionamiento

Establece el art. 51 de la LOPJ:

“Cuando las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería se encuentren integradas por cinco (5) miembros, sus decisiones serán válidas cuando fueren tomadas por los integrantes de la Sala respectiva, cada uno de los cuales emitirá su voto fundado o adherirá al otro, pudiendo ser redactadas en forma impersonal. Las disidencias serán resueltas por el Presidente de la Cámara, quien lo hará con voto fundado o por simple adhesión. Cuando deba votar en primer término el Presidente, de acuerdo a la reglamentación de la Cámara, en caso de disidencia deberá dirimir el Camarista de la Sala que no hubiere votado. Cuando las Cámaras de Apelaciones se encuentren integradas por tres (3) miembros sus decisiones serán válidas si son tomadas por los dos (2) primeros integrantes que resulten del sorteo. Las disidencias serán resueltas por el restante Camarista.”

Es decir que cuando los dos primeros jueces de la sala (por lo general, los dos que no ocupan la presidencia) o de la cámara (los dos primeros elegidos por sorteo) que voten estén de acuerdo, no tendrá que votar el tercero: éste (por lo general, el presidente en la sala, o el sorteado en tercer lugar en la cámara) sólo debe votar para dirimir una disidencia entre los dos primeros votantes.

La presidencia se turnará anualmente entre los camaristas (arts. 50 y 40 LOPJ).

3.3.5. Competencia

Según el art. 52 de la LOPJ, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería tienen competencia para decidir:

* en los recursos de apelación contra resoluciones de los Jueces del fuero, los jueces de Ejecución, Concursos y Quiebras y los Jueces Regionales Letrados;

* en las quejas por justicia denegada o retardada deducidos contra los Jueces del fuero, los jueces de Ejecución, Concursos y Quiebras, los Jueces Regionales Letrados o los propios miembros de la cámara (ver no obstante arts. 159, 160 y 277 y sgtes. CPCC LP);

* de las recusaciones y excusaciones de sus miembros y del Fiscal;

* de las cuestiones de competencia entre los Jueces del fuero y Jueces Regionales Letrados;

* de los recursos previstos en las leyes de protección a la Familia y al Menor.

3.4- Juzgados ordinarios de primera instancia.

3.4.1. Designación, duración y remoción de los jueces.

Para ser juez de primera instancia según el art. 91 de la CLP y el art. 79 de la LOPJ sintéticamente se requiere:

· Ciudadanía argentina con no menos de 5 años de ejercicio;

· No menos de 28 años de edad;

· Título de abogado, con no menos de 3 años de ejercicio en la profesión o en funciones judiciales.

Los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo –que debe elegir entre una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, previo concurso de oposición y antecedentes- con acuerdo de la Cámara de Diputados (art. 92 CLP).

Como todos los jueces, los de primera instancia son inamovibles y conservan sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones (art. 93 CLP).

Pueden ser destituidos por mal desempeño o por desorden de conducta a través de un jurado de enjuiciamiento (art. 113 CLP).

El jurado de enjuiciamiento se halla reglamentado a través de la ley nº 313, que se puede ver en:

http://www.juslapampa.gob.ar/formularios/leyesusuales/Ley_313-Jurado_de_Enjuiciamiento.pdf

3.4.2. Con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

Hasta diciembre de 2013 (fecha de redacción de este apunte) había 10 en todo el territorio provincial:

· 6 con asiento en la ciudad de Santa Rosa y competencia sobre la Primera y Cuarta Circunscripciones Judiciales;

· 3 con asiento en lo ciudad de General Pico y competencia sobre la Segunda Circunscripción Judicial;

· 1 con asiento en la ciudad de General Acha y competencia sobre la Tercera Circunscripción Judicial.
Hoy, marzo de 2019, según la págína web oficial del Poder Judicial de La Pampa, queda uno solo, en General Acha. Ver:
https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/estructura-funcional-organigrama

Deben entender según el art. 81 de la LOPJ:

a) En todas las causas civiles, laborales, de minería y comerciales que no le estén asignadas a otro juzgado por la LOPJ; es decir, les corresponde “residualmente” todo lo que no les corresponde por la materia a otros juzgados, como ser a los laborales –cuando sean creados y entonces donde los haya-, a los de ejecución, concursos y quiebras –allí donde los hay-, a los de la familia y el menor –allí donde los hay- y a los regionales letrados –allí donde los hay-.

b) En los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Paz y en las cuestiones de competencia que se susciten entre los mismos; y

c) En las quejas contra los Jueces de Paz por retardo o denegación de justicia y de sus recusaciones y excusaciones, en Alzada.

3.4.3. Con competencia laboral.

Al publicarse “Organización del Poder Judicial de La Pampa” (en La Ley Patagonia, 8/2/2012) estaba previsto el funcionamiento futuro de dos Juzgados con competencia exclusivamente laboral, uno con asiento en Santa Rosa y con competencia sobre la Primera y Cuarta Circunscripciones judiciales y otro con asiento en General Pico, con competencia sobre la Segunda Circunscripción judicial.

En diciembre de 2013 esos dos juzgados ya habían sido puestos en funcionamiento y, al hacerlo, los de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería perdieron su competencia en lo laboral a favor del Juzgado específico. Ver art. 78 de la LOPJ.
Hoy, marzo de 2019, según la págína web oficial del Poder Judicial de La Pampa, hay dos juzgados sólo laborales en Santa Rosa y otros dos ídem en Gral. Pico. Ver:
https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/estructura-funcional-organigrama

3.4.4. Con competencia en ejecuciones, concursos y quiebras.

El 7/10/2004, a través del Acuerdo 1974, el STJ dispuso la creación de las secretarías de ejecución nros. 1 y 2 en la Primera Circunscripción Judicial, para centralizar en ellas todos los procesos ejecutivos individuales y así descongestionar la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo civil, comercial, laboral y minería.

Un año después, el 17/10/2005, a través del Ac. 2062 el STJ ordenó que dichas secretarías comenzaran su labor, primero dentro del ámbito de competencia material del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería n° 3 de la Primera Circunscripción Judicial (Ac. 1988/2004) y luego (desde el 16/6/2008) bajo la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería n° 2 de la Primera Circunscripción Judicial (Ac. 2381/2008).

Conforme al texto del art. 54 de la Ley Nº 1675 –ex ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de la Pampa- dado por Ley Nº 2439, se creó el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras, con competencia en la Primera Circunscripción Judicial, en cuyo ámbito pasaron a desempeñarse las secretarías de ejecución nro. 1 y 2, a partir de su puesta en funcionamiento el 9/12/2008 (Ac. 2474/2008). Recién fueron radicados en el nuevo Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras los procesos de concursos y de quiebras iniciados con posterioridad al día 20 de noviembre de 2009 –fecha en que asumió el primer juez a su cargo- (Ac. 2705/2010).

Por fin, el art. 78 de la LOPJ, texto según ley 2615, establece dos Juzgados con asiento en la ciudad de Santa Rosa, con competencia en la Primera Circunscripción judicial.

Hoy, marzo de 2019, según la págína web oficial del Poder Judicial de La Pampa, hay dos juzgados con competencia en ejecuciones, concursos y quiebras en Santa Rosa y uno más en Gral. Pico. Ver:

https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/estructura-funcional-organigrama

3.4.5. Con competencia en los asuntos de la Familia y el Menor.

Hasta diciembre de 2013, estaban previstos 3: uno con asiento en la ciudad de Santa Rosa, con competencia en la Primera Circunscripción Judicial, otro en la ciudad de General Pico, con competencia en la Segunda Circunscripción Judicial y otro en la ciudad de General Acha (no estaba puesto en funcionamiento a comienzos de 2011), con competencia en la Tercera Circunscripción Judicial. Por la materia tienen una competencia mixta: penal, civil, tutelar y asistencial.

En la Cuarta Circunscripción Judicial entenderán los respectivos Jueces que sean competentes de acuerdo con su fuero natural; no obstante, la ley deslinda expresamente que la aplicación de las medidas tutelares y la competencia asistencial será del Juez Civil y Penal, respectivamente.

Para mayor información, ver arts. 83 y 84 de la LOPJ.
Hoy, marzo de 2019, según la págína web oficial del Poder Judicial de La Pampa, hay dos juzgados con competencia en esta materia en Santa Rosa, dos más en Gral. Pico y otro en Gral. Acha. Ver:

https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/estructura-funcional-organigrama

3.5-Juzgados Regionales Letrados.

3.5.1. Asiento y competencia territorial.

Según el art. 85 de la LOPJ están previstos 5, con asiento en Realicó, en Eduardo Castex, en Guatraché, en 25 de Mayo y en Victorica.
El Juzgado Regional Letrado de Victorica pasó a ser Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

Hoy, marzo de 2019, según la págína web oficial del Poder Judicial de La Pampa, hay un solo Juzgado Regional Letrado, en la ciudad de 25 de Mayo (Tercera Circunscripción), quedando tres más pendientes de implementación en la Primera Circunscripción.

Ver:

https://justicia.lapampa.gob.ar/index.php/intitucional/estructura-funcional-organigrama

3.5.2. Designación, duración y remoción de los jueces.

Los requisitos para ser designado Juez Regional Letrado son los mismos que para juez ordinario de primera instancia (ver supra 4.1.; art. 85 LOPJ).

En cuanto a duración y remoción, parece regir lo mismo que para los jueces ordinarios de primera instancia.

3.5.3. Competencia.

Con arreglo a lo dispuesto en la ley nº 1641 (reformada en su art. 2 por la ley 1777), la competencia de la justicia regional letrada es heterogénea [5], a saber:

3.5.3.1. En algunos asuntos civiles, comerciales, laborales, de minería y de familia:

3.5.3.1.1. Con contenido patrimonial -susceptibles de apreciación pecuniaria- y de menor cuantía -que no excedan de $ 100.000- (artículo2, inciso 1, subincisos a,b,e, h,i) :

* obligaciones de dar sumas de dinero, de dar cosas ciertas y de hacer;

* conflictos entre condóminos, vecinos tanto urbanos como rurales o consorcistas

* en los Procesos Voluntarios del Libro VII del Título I del Código Procesal Civil y Comercial, a excepción de la Tutela y Curatela;

* Alimentos;

* Disolución y liquidación de la sociedad conyugal;

3.5.3.1.2. Con contenido patrimonial, cualquiera sea su monto (art. 2, inc. 1, último párrafo).

* Alimentos y disolución y liquidación de la sociedad conyugal, cuando el juzgado regional letrado sea competente en la tramitación del divorcio.

* procesos sucesorios;

* ejecuciones por apremio de deudas al Tesoro Municipal y al de Entes Autárquicos. .

3.5.3.1.3. Sin contenido patrimonial.

* causas que se susciten entre vecinos, condóminos o consorcistas, derivados de molestias o perturbaciones entre ellos (art.2, inc.1, subinc. d);

* Nulidad e inexistencia del matrimonio, divorcio y separación (art.2, inc. 1. subinc. f);

* Guarda, tenencia y régimen de visitas de menores (art.2, inc.1, subinc. g).

3.5.3.2. En cualquier asunto civil, comercial, laboral, de minería y de familia, con contenido patrimonial, que no exceda de $ 100.000, mientras que sea planteado por las partes en presentación conjunta (art. 2, inc. 1, subinc. c; ver art. 318 CPCC La Pampa).

3.5.3.3. En cualquier asunto civil, comercial, laboral, de minería y de familia, con contenido patrimonial pero de monto que “no se pudiere determinar”, mientras que sea planteado por las partes en presentación conjunta (art. 4; ver art. 318 CPCC La Pampa).

Si el monto se pudiere determinar, el asunto será competencia del Juzgado Regional Letrado si encuadrara entre los asuntos de menor cuantía que le corresponden (ver supra 3.5.3.1.1.).

Si al asunto con contenido patrimonial corresponde a la competencia del Juzgado Regional Letrado cualquiera sea su monto (ver supra 3.5.3.1.2.), le corresponderá pese a la indeterminación del monto, es decir, pese a la indeterminación del monto no será necesaria la presentación conjunta de las partes para que la causa corresponda al Juzgado Regional Letrado cuando se trata de un asunto asignado a éste cualquiera sea su monto.

Si el monto no se pudiere determinar y no hay presentación conjunta de las partes, el asunto será de competencia del Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Primera Instancia que corresponda (art. 4).

Pero “determinación” del monto no equivale a “estimación” del monto: que el demandante deba estimar el monto de su reclamo por mandato de la ley procesal (art. 313 último párrafo CPCC La Pampa), no convierte a ese monto –así imperativamente estimado- en monto determinado.

Si, antes de llegar al punto de estimar el monto, el demandante debe justificar la imposibilidad de determinarlo (art. 313 cit.), se sigue que mal puede ser lo mismo estimar que determinar el monto, cuando precisamente para llegar a estimarlo hay que justificar que no se lo puede determinar. Si para llegar al accionar posterior (estimar) hay que justificar la imposibilidad del accionar anterior (determinar), estimar y determinar no pueden ser un mismo y único accionar

De todo lo cual se extrae que, si el monto no se pudiere determinar y no hay presentación conjunta de las partes, el asunto será de competencia del Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Primera Instancia que corresponda (art. 4) aunque por imperativo ritual el demandante estimare el monto y éste, así estimado, encuadrase entre los asuntos de menor cuantía que son competencia de la justicia regional letrada (ver supra 3.5.3.1.1.).

En caso de acumulación de pretensiones con montos diversos, rigen las siguientes reglas:

a- si median demanda y reconvención, los montos reclamados en cada una no se suman, es decir, que para la determinación de la competencia, demanda y reconvención se consideran en forma independiente (art. 3 ley 1641);

b- si se trata de acumulación objetiva o subjetiva de pretensiones -en una misma demanda o reconvención-, según el art. 3 de la ley 1614 debe sumarse el monto de los “créditos” en juego, que no siempre ha de coincidir con la suma del monto de las pretensiones acumuladas. Por ejemplo, si se trata de una obligación pasivamente solidaria por $ 100, la deuda es una sola pero con varios deudores –supongamos 3- por el total de la prestación debida; la demanda puede ser dirigida contra uno, dos o tres codeudores (arts. 699 y 705 cód. civ.); si lo es contra dos o tres, habrá una acumulación subjetiva de pretensiones (art. 80 CPCC La Pampa), que incluso podrían tener suerte diversa (v.gr. la intimación de pago extrajudicial podría suspender la prescripción sólo respecto del co-deudor intimado y no respecto del resto de los co-deudores para quienes al tiempo de la demanda la acción podría estar prescripta, arts. 3981 y 3986 2º párrafo cód. civ.). Si hay pretensiones acumuladas y si cada una es por $ 100, en caso de 2 codemandados la suma del monto de las pretensiones es $ 200 y si hay 3 codemandados la suma del monto de las pretensiones es $ 300, pero el crédito es uno solo y vale sólo $ 100.

3. 5.4. Declaración de incompetencia.

La más precisa posible delimitación de la competencia de la Justicia Regional Letrada es importante si se tiene en cuenta que:

a- toda la competencia de la Justicia Regional Letrada es improrrogable, incluso por el territorio, de modo que cualquier incompetencia puede y debe ser declarada de oficio (arts. 1 y 5 ley 1641);

b- la declaración oficiosa de incompetencia efectuada por un Juez Regional Letrado es irrecurrible (art. 5 ley 1641).

La recurribilidad de la declaración oficiosa de incompetencia hecha por un Juez Regional Letrado no puede fundarse en el CPCC La Pampa, toda vez que, por más ley posterior que el código procesal fuera respecto de la ley 1641, es ley general que no abroga la ley especial rectora de la Justicia Regional Letrada y menos aún en cuanto al tratamiento específico que la ley especial hace acerca de la chance de recurrir la declaración de incompetencia realizada de oficio. Es decir, el tratamiento específico sobre la recurribilidad de la declaración oficiosa de incompetencia que lleva a cabo la ley especial 1641, no puede considerarse abrogado por ninguna solución genérica contraria contemplada en la ley general (en el CPCC).

Pero como la irrecurribilidad de la declaración oficiosa de incompetencia del Juez Regional Letrado es una solución excepcional prevista específicamente por una ley especial, su interpretación no debe ser extensiva sino antes bien debe ser estricta. Así que si la declaración de incompetencia del Juez Regional Letrado no fuera oficiosa, sino el resultado de una declinatoria (excepción de incompetencia), o de una inhibitoria planteada ante y estimada por un juez de diferente Circunscripción Judicial, entonces sí sería apelable según lo reglado en el CPCC La Pampa (arts. 10 párrafo 2º y 335).

Lo que prevé el CPCC La Pampa y sí es aplicable en el ámbito de la Justicia Regional Letrada a falta de norma que específicamente lo regle de modo diverso, es la oportunidad procesal hasta la cual es dable declarar oficiosamente la incompetencia. En efecto, establece el último párrafo del art. 334 CPCC La Pampa: “Tampoco podrá ser declarada de oficio después que el juzgado admitió la radicación del proceso.”

Como principio, los jueces sólo están autorizados a declarar su incompetencia ab initio de oficio (art. 4 CPCC La Pampa) o más tarde al resolver la excepción de incompetencia que hubiere opuesto el demandado (art. 335 CPCC La Pampa) o al aceptar una inhibitoria cursada por otro juez que se considera competente (art. 10 CPCC La Pampa).

De manera que si se plantease ante un juez regional letrado una causa que no es de su competencia, sea por el territorio, la materia o el valor, y si no declarase su incompetencia en esas ocasiones, la causa quedará radicada ante él y deberá seguir conociendo de ella, aunque según la ley en abstracto no fuera de su competencia. Por ende, la competencia de la justicia regional letrada es relativamente improrrogable (ver UNIDAD IV.1).

3.5.5. Trámite procesal.

Dado que la ley 1.777 derogó los arts. 6 a 29, correspondientes a los capítulos II y III de la ley 1641, titulados “Procedimiento” y “Disposiciones complementarias”, para el procedimiento rigen las normas procesales comunes según el tipo de causa de que se trate (ej. para una causa civil y comercial, rige el CPCC La Pampa).

3.6- Juzgados de Paz.

La Justicia de Paz de La Pampa es lega, no letrada, es decir que para ser juez no se requiere título de abogado.

En la actualidad existen 61 Juzgados de Paz en la Provincia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podría crear nuevos Juzgados de Paz, cuando razones de buena justicia así lo aconsejaren (art. 38 decreto ley 2229/56).

El art. 100 de la CLP dispone que “Los jueces de paz y sus suplentes serán electivos y la ley establecerá las demás condiciones y requisitos que se exijan.”

La LOPJ incluye a los Juzgados de Paz dentro de los órganos que ejercen la administración de justicia (art. 1º) y establece que continúan en vigencia las normas del capítulo V del D-Ley 2229/56 –con sus modificaciones- hasta que se dicte la ley a que se refiere el art. 100 de la CLP (art. 168).

Algunas modificaciones al D-Ley 2229/56 fueron introducidas por la ley nº 270 y por la ley nº 313; la LOPJ y el CPCC también lo modifican o complementan.

Según el art. 45 del D-Ley 2226/56 los Jueces de Paz debían ser designados por el Poder Ejecutivo, pero por la ley nº 270 del año 1961 se dispuso su designación a través de elección popular, simultánea a la elección de autoridades comunales. Es por esta razón que, a diferencia de los restantes magistrados del Poder Judicial, los jueces de paz los Jueces de Paz podrán ejercer libremente sus derechos políticos en forma contemporánea al desempeño de sus tareas, pudiendo desempeñar cargos en partidos y organizaciones de tales características, siempre que dichas actividades se realicen fuera de los lugares y horarios de trabajo (art. 8 LOPJ).

De acuerdo con el art. 2 de la ley nº 270, para poder ser electo como Juez de Paz, se requiere: ser argentino nativo o naturalizado, saber leer y escribir, estar inscripto en el Padrón Electoral, tener 22 años de edad cumplidos y ser residente en el ejido municipal con dos años de anticipación a la fecha de la elección.

Cada Juzgado de Paz debe contar con un Juez Titular y un Suplente (art. 39 decreto ley 2229/56). Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos (art. 2 ley nº 270). Por su parte, los Secretarios que acompañan a los Jueces de Paz son designados por el Superior Tribunal de Justicia (art. 12 LOPJ; art. 45 decreto 2229/56). Aunque en el caso de vacancia, recusación, excusación, impedimento o licencia del Secretario, el Juez designará en cada caso uno ad-honorem (art. 42 d-ley 2229/56).

Pese a que según el art. 45 del d-ley 2229/56 podían ser removidos por el Poder Ejecutivo, prevalece la ley mº 313 en virtud de la cual los jueces de paz son removibles por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento, en función de las causales de mal desempeño de sus funciones, desorden de conducta o comisión de delitos (art. 13 LOPJ).

Los Jueces de Paz podrán ser recusados por justa causa, y en caso de excusación, recusación, impedimento, licencia o vacancia, el conocimiento de los asuntos corresponderá al suplente, y éste a su vez, por las mismas causales, será suplido por el Juez de Paz más inmediato (art. 46 D-Ley 2229/56). El juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería es competente para entender de esas recusaciones y excusaciones (art. 81 inciso c, LOPJ).

En cuanto a la competencia, de un simple repaso del art. 40 del d-ley 2229/56, se desprende de sus incisos a, c y h que los juzgados de paz tendrían incumbencia en materia contenciosa para conocer de los siguientes asuntos:

a) En las cuestiones civiles, comerciales y de trabajo en las que el valor cuestionado no exceda de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000,00 m/n). Exceptúase los juicios de quiebra, convocatorias, concursos civiles, sucesiones, interdictos, venias, asuntos de familia y en todos aquellos no susceptibles de apreciación pecuniaria, cuyo conocimiento corresponda exclusivamente a los jueces de Primera Instancia;…

c) En las demandas por desalojo, exista o no contrato escrito, cuando la causal invocada sea la falta de pago. …

h) En las demandas por cobro de alquileres, cualquiera sea el número de mensualidades vencidas y siempre que el valor cuestionado no exceda el límite de su competencia.

No obstante, en las cuestiones de menor cuantía de los incisos a y h, la falta de actualización del tipo de moneda ($ m/n) y del monto (10.000) tornaría de casi [6] imposible aplicación esa competencia.

En las restantes cuestiones de tipo contencioso [7], tal parece que la Justicia de Paz de hecho no se ocupa [8]. De todas formas, la LOPJ, que sí ha contemplado expresamente a la Justicia de Paz (art. 1.k), debe prevalecer sobre el d-ley 2229/56 por posterior en el tiempo; así, las cuestiones mencionadas en los incisos a, c y h del d-ley 2229/56, como no fueron adjudicadas por la LOPJ a la Justicia de Paz, si no corresponden a la competencia de otro juzgado letrado, corresponden a la competencia de la justicia de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería (art.81 inc. a LOPJ [9]). Si la LOPJ hubiera querido mantener esas cuestiones dentro del ámbito de competencia de la justicia de paz, así lo habría podido disponer expresamente, dado que, se insiste, no soslayó a la justicia de paz y antes bien ubicó a los juzgados de paz entre los órganos de administración de justicia provinciales.

Es una pena, porque, tratándose de las cuestiones no susceptibles de apreciación pecuniaria del inciso a del art. 40 d-ley 2229/56, la justicia de paz podría llevar a cabo una función social relevante, ya que entre ellas podrían ser incluidas las cuestiones de convivencia y de vecindad, en la que los jueces de paz podrían propiciar conciliaciones actuando como amigables componedores (art. 41 in fine d-ley 2229/56), haciendo excepción así a la restricción del art. 742 CPCC.

De tal guisa que la justicia de paz parece estar limitada a tareas parajurisdiccionales (diligencias encomendadas por jueces letrados: art. 49 d-ley 2229/56 y arts. 3, 72, 365, 406, 665, 695 y 696, CPCC) o extrajurisdiccionales (certificación de firmas, art. 40 inc. e d-ley 2229/56); en este último renglón, la justicia de paz hasta actúa como registro civil (ley 188 del año 1955 y decreto 711 del interventor nacional del 27/12/55).

En cuanto a la forma de proceder, el artículo 41 del d-ley 2229/56 establece que el procedimiento ante los Jueces de Paz será verbal y actuado. Ese mismo precepto edicta que las decisiones de los jueces de paz son pasibles de recurso de apelación del siguiente modo: en relación cuando el asunto no baje de cien pesos moneda nacional, ni exceda de quinientos pesos moneda nacional y libremente en los demás casos, salvo que el interesado pida que se otorgue en relación. La obsolescencia de esas cantidades monetarias parecería conducir a que las apelaciones deban ser concedidas libremente salvo pedido de los interesados para que lo sean en relación, pero por aplicación del CPCC [10] deben ser concedidas siempre en relación. El órgano de alzada es el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, el que también ha de conocer en las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces de paz, en las quejas contra los jueces de paz por retardo o denegación de justicia y para entender de sus recusaciones y excusaciones (art. 81 incisos b y c, LOPJ).

Por último, el artículo 43 del d-ley 2229/56 autoriza a los Jueces de Paz a corregir las faltas a su autoridad o decoro en que incurran los litigantes y profesionales en los juicios, con apercibimientos y multas que no excedan de cincuenta pesos moneda nacional. La desactualización del importe de las multas esteriliza prácticamente su aplicabilidad, restringiendo la potestad correctiva a los apercibimientos; no obstante, si los jueces de paz forman parte del Poder Judicial (art. 1.k LOPJ), cuentan con las mismas potestades correctivas de los restantes magistrados, entre las que se hallan las multas por hasta un 50% del sueldo de juez de primera instancia (arts. 29 a 32 LOPJ). Esas correcciones serán susceptibles del recurso de reposición y de apelación en subsidio (art. 43 d-ley 2229/56).

Competencia por el territorio. GRABACIÓN del prof. Sosa

3.2. Competencia por el territorio: reglas generales y especiales.

3.2.1. Reglas generales.

El art. 5 del CPCC contiene las reglas de competencia de carácter general.

En los incisos 1 a 5 se establecen las reglas básicas que rigen tratándose de acciones reales o personales, en defecto de otras expresas o de prórroga expresa o tácita:

3.2.1.1. Acciones reales (incs. 1 y 2):

* Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, es competente el juez del lugar donde esté situada la cosa litigiosa (forum rei sitiae).

Si los inmuebles litigiosos fuesen varios o uno sólo situado en diferentes jurisdicciones judiciales, será competente el juez del lugar de localización de cualquiera de ellos o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado; y si el demandado no tiene su domicilio en ninguno de los lugares donde están los inmuebles litigiosos, entonces puede entender el juez del lugar en que esté situada cualquiera de ellos, a elección del actor.

Las mismas pautas que regulan la competencia tratándose de acciones reales son aplicables también respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricciones y límites al dominio, medianería, usucapión, mensura y deslinde, y división de condominio.

* Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, resulta competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

* Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, es competente el juez del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

3.2.1.2. Acciones personales (incs. 3, 4 y 5):

* Cuando se ejerciten acciones personales, es competente el juez del lugar en que deba cumplirse la obligación (forum solutionis), el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato a elección del actor .

* Si el demandado no tuviere un domicilio fijo, puede entender el juez del lugar en donde se encuentre o el juez del sitio de su última residencia.

* Si la acción personal dimana de delito o cuasidelito, debe entender el juez del domicilio del demandado o el del lugar del hecho.

* En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, será juez competente el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

Como apostillas es dable señalar que la acción por cobro de dinero derivada de un mutuo hipotecario no es de carácter real, sino personal, y que, si bien la acción de desalojo es personal, se ha entendido que, al igual que las acciones reales, concierne al lugar donde se encuentran situados los bienes objeto de la pretensión.

3.2.2. Reglas especiales.

Luego de las generales, el CPCC prevé en su art. 6 reglas especiales atributivas de competencia, asentadas en la noción de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y en la idea de conexidad, que rigen a falta de otras disposiciones puntuales.

Así, corresponde al juez del proceso principal conocer en los medidas preliminares y precautorias, incidentes, tercerías, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios, etc..

En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, alimentos y litis expensas, ha de entender el juez que lleva el juicio de divorcio o nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de éstos últimos. Atinente a alimentos, debe tenerse presente que según el art. 228 del Código Civil (según Ley 23515), es competente: 1º) el juez que hubiere entendido en el juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad; 2º) a opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal.

En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, corresponde conocer al juez del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio.

En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el juez que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer.

4- Competencia federal.

4.1. Concepto.

Sabido es que la forma de estado federal implica una distribución de poder entre el estado central y los estados locales.

En nuestra organización histórico-política las provincias fueron preexistentes al estado nacional, de manera que para crearlo le delegaron atribuciones, reservando o conservando para sí los poderes no delegados.

Ello fue así también en cuanto a la función judicial, pues las provincias entendieron conveniente delegar en el estado central la administración de justicia en ciertos y determinados asuntos, reservándose para sí dicha función en todos los demás. Por eso se sostiene que la competencia federal es de excepción y que la local es ordinaria.

La competencia federal es excluyente de la local. Es, además, improrrogable, salvo cuando es ratione personae.

4.2. Clases.

Sobre cada palmo del territorio nacional coexisten dos administraciones de justicia: la federal y la local o provincial, determinándose la competencia del poder judicial federal por razón de la materia, del lugar y de las personas.

Hay jueces y cámaras federales a lo largo y a lo ancho de todo el país y que cuentan con competencia territorial dentro de las provincias, siempre por razón de la materia, del lugar y de las personas.

Por razón del lugar corresponde a la justicia federal conocer en las causas suscitadas en establecimientos de utilidad nacional situados en territorio provincial, los cuales se hallan sujetos a la legislación exclusiva del Congreso nacional (salvo en materia de poder de policía e imposición, y en tanto éstos no interfieran con el fin de utilidad nacional; art. 75 inc. 30 Const.Nacional, ex art. 67 inc. 27). No obstante, es doctrina reiterada de la Corte Suprema de la Nación que la mera circunstancia de que los hechos tengan lugar dentro de perímetros reservados exclusivamente al Estado Nacional no atribuye por sí, al fuero de excepción, el juzgamiento de tales hechos si éstos no afectan intereses federales o la prestación del servicio del establecimiento nacional ("Rodríguez, Ramón Jacinto s/ lesiones leves", 9/8/88, Fallos T.311-1389; "Haye, Néstor Jaime y otra s/ querella por calumnias e injurias.", 27/7/89, Fallos T.312-1220; etc.; fallos cits. en disco láser de Jurisprudencia Argentina; sin embargo, ver art. 3 inc. 4ª de la Ley 48).

Dentro de este esquema, la Justicia Nacional de la Capital Federal tiene la especial característica de que pertenece a la órbita nacional (federal), pero entiende en las causas que usualmente son de competencia local por tratarse de la aplicación del derecho común del art. 75.12 de la Const.Nacional. Es una competencia federal en razón del lugar, y, luego de la reforma constitucional del año 1994, con la expresa reserva del art. 129 de la Constitución Nacional, es decir, con perdurabilidad hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con su propia justicia de derecho común [11].

Por razón de la materia, básicamente, compete a la justicia federal entender en las causas regidas por el derecho federal (art. 116 de la Constitución nacional; art. 2 inc. 1º Ley 48), esto es, regidas:

* directa e inmediatamente por la Constitución nacional: es decir, cuando la cuestión articulada esté regida especialmente por alguna de las disposiciones de la carta magna federal; cuando ello no ocurra no debe perderse de vista que las distintas leyes y códigos tienden a reglamentar los derechos y garantías constitucionales, de manera que una interpretación muy amplia de qué es lo que se considera regido por la Constitución nacional podría vaciar de contenido a la justicia provincial, la cuestión constitucional nacional deberá ventilarse ante la justicia local, para recién llegar a la órbita federal a través del recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48;

* por leyes del Congreso nacional, salvo las de derecho común previstas en el art. 75 inc. 12 de la Constitución que son aplicables por la justicia provincial o federal "(...) según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones."

* por tratados con potencias extranjeras: tratándose de convenios internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), es aplicable lo expuesto más arriba; en cuanto a los demás tratados, no debe entender la justicia federal cuando se trate de pleito entre particulares y las disposiciones del tratado funcionen como de derecho común.

Por razón de las personas incumbe a la justicia federal intervenir en las causas en que sea parte la nación (o entidades autárquicas o empresas del estado nacional), sea como parte actora o como demandada; también cuando se trata de causas suscitadas entre dos o más provincias, o entre una provincia y los vecinos de otra, o entre vecinos de diferentes provincias, o entre una provincia (o sus vecinos) y un estado o ciudadano extranjero (art. 116 Constitución nacional).

En las causas entre una provincia y vecinos de otra, o entre una provincia y un súbdito extranjero, o entre un ciudadano y un extranjero, o entre vecinos de diversas provincias, para surtir efecto el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a ciudadanos extranjeros o vecinos de otras provincias respectivamente (art. 8 Ley 48).

La vecindad de una provincia se adquirirá, para los efectos del fuero federal, por la residencia continua de dos años, o por tener en ella propiedades raíces, o un establecimiento de industria o de comercio, o por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer (art. 11 Ley 48).

No es competente la justicia federal en causa entre una provincia y sus propios vecinos.

Tiene reiteradamente decidido la Corte Suprema nacional que la competencia federal por vecindad debe ser invocada por el vecino de la provincia extraña, porque nadie puede declinar los jueces de su propio fuero [12].

Cuando una provincia es parte, el conocimiento de la causa corresponde a la Corte Suprema de la Nación en instancia originaria y exclusiva (art. 117 Constitución Nacional; ver infra 5-).

4.3. Deslinde entre la competencia federal y la local.

El deslinde entre la competencia federal y la ordinaria es lo primero que debe analizarse. Una vez que se haya elucidado ese extremo, sea que se concluya que un asunto es de competencia federal u ordinaria, dentro de cada órbita recién habrá de atenderse a los criterios más arriba analizados de división del trabajo (materia, valor, grado, territorio).

Para realizar ese deslinde hay que tener en cuenta que la competencia federal es limitada, de excepción y su interpretación de carácter restrictivo ya que pertenece al ámbito de lo delegado por las provincias a la Nación: siendo limitados los poderes que las provincias delegaron en el gobierno federal, estando entre ellos las atribuciones jurisdiccionales que delegaron, tambíen éstas deben ser entendidas como limitadas.

5- Competencia de la Corte Suprema de la Nación.

5.1. Originaria.

Cuando la Corte Suprema de la Nación (en adelante CSN) decide controversias sin que medie la intervención anterior de ningún otro órgano judicial, se dice que ejerce “competencia originaria y exclusiva”.

La competencia originaria y exclusiva está prevista en el art. 117 in fine de la Constitución Nacional (en adelante CN), en razón de las personas que intervienen en el pleito: “…en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna Provincia fuese parte…”.

Esta competencia no puede ser ampliada ni restringida por la ley [13].

(Ver en entrada separada la competencia originaria y exclusiva de la CSN cuando una provincia es parte).

5.2. Apelada.

Cuando la CSN decide controversias que ya han sido resueltas por tribunales inferiores, se dice que ejerce su “competencia apelada”.

Para acceder a la “competencia apelada” de la CSN, la legislación vigente prevé dos recursos:

a- el recurso ordinario de apelación (en adelante, ROA);

b- el recurso extraordinario federal (en adelante, REF).

La competencia apelada puede ser ampliada o restringida por la ley.

Tanto el trámite del recurso ordinario de apelación ante la CSN, como el del extraordinario federal, están reglados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante CPN).

Para el análisis de los recursos extraordinario y de apelación ordinario, remisión a la UNIDAD XXIX.

[1] BIDART CAMPOS, Germán J. "Manual de Derecho Constitucional argentino", Ed. Ediar, Bs.As., 1979, pág. 124 y 179 y sgtes.

Diccionario jurídico El Derecho en Disco Láser

MORELLO, Augusto M.- SOSA, Gualberto L. - BERIZONCE, Roberto "Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentados y anotados", Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, La Plata-Bs.As., 1984, 2da. ed., t.II-A, pág. 556 y sgtes.; bibliografía y jurisprudencia allí citadas.

PALACIO, Lino Enrique "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1979, t.II.

QUIROGA LAVIÉ, Humberto "Derecho Constitucional", Ed. Coop. de Derecho y Cs.Sociales, Bs.As.

[2] Consultar a PEYRANO, Jorge W. "Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas", en Jurisprudencia Argentina 1997-II-931, ap. IV)

[3] BIDART CAMPOS, Germán J. "Manual de Derecho Constitucional argentino", Ed. Ediar, Bs.As., 1979, pág. 785 y sgtes.

MORELLO, Augusto M.- SOSA, Gualberto L. - BERIZONCE, Roberto "Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentados y anotados", Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, La Plata-Bs.As., 1984, 2da. ed., t.II-A, pág. 6 y sgtes.; bibliografía y jurisprudencia allí citadas.

PALACIO, Lino Enrique "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1979, t.II.

[4] SOSA, Toribio E. “Organización del Poder Judicial de La Pampa”, en La Ley Patagonia 2012 (febrero), 8

[5] Incluso en materia contravencional (en las cuestiones dispuestas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley de Explotación de los Juegos de Azar, inciso 2) y penal (en las causas, cuya competencia en razón de la materia, se asigna en el Código Procesal Penal a los Jueces en lo Correccional, para cuyo ejercicio tendrán las mismas atribuciones y deberes que las Leyes asignan a estos últimos con exclusión de los delitos del artículos 302 del Código Penal, inciso 3).

[6] SOSA, Toribio E. "Moneda y desuetudo procesal", rev. Jurisprudencia Argentina del 18/V/94.

[7] Recordemos que para algunos supuestos de desalojo el CPCC La Pampa prevé un proceso de estructura monitoria (restitución de la cosa inmueble dada en comodato; desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual; desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por falta de pago, siempre que se hubiere justificado por medio fehaciente la interpelación al locatario que establecen las leyes vigentes; art. 463) y que, para los restantes casos (ej. intrusión) o cuando tratándose de proceso monitorio media oposición admisible del demandado, el tipo procesal aplicable es el sumarísimo (art. 653).

[8] RODRIGUEZ SALTO, Pablo Daniel “Nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa”, en Anales de Legislación Argentina del 18/11/2010 y en La Ley Patagonia de diciembre de 2010.

[9] Artículo 81: “Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería

entenderán:

a) En todas las causas civiles, laborales, de minería y comerciales que no le estén asignadas a otro juzgado por esta ley; …”

[10] Según el art. 237 CPCC, el recurso de apelación será concedido libremente cuando la atacada sea la sentencia definitiva en el juicio ordinario, y, en los demás casos, se concederá en relación.

[11] Ver RAMÍREZ BOSCO, Lucas, “Competencia en reclamos de derecho común contra YPF luego de su expropiación”, en LA LEY 09/12/2013 .

[12] CSN: "Spezzano de Martín, Rosa María y otra c/ Bonardo de Martín, Catalina", 23/4/87, Fallos 310:85; "Barros, Hugo Vicente c/ Boroquímica S.A.M.I.C.A.F." 24/9/87, Fallos 310:1899.

[13] “La competencia originaria de la Corte Suprema ha sido taxativamente determinada por el artículo 101 de la Constitución, y no puede ser ampliada ni restringida por las partes ni por la ley, a diferencia de la jurisdicción de apelación que será ejercida "según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso" (CSN, “Gobierno de la Nación y La Unión de Fabricantes de Tejidos de Yute de España”, año 1925, Fallos 143:191).

19 abr 2012

30 ene 2012

3.3- Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

3.5.3.1.1. Con contenido patrimonial -susceptibles de apreciación pecuniaria- y de menor cuantía -que no excedan de $ 100.000- (artículo2, inciso 1, subincisos a,b,e, h,i) :

3.5.3.1.2. Con contenido patrimonial, cualquiera sea su monto (art. 2, inc. 1, último párrafo).

3.5.3.1.3. Sin contenido patrimonial.

3.5.3.2. En cualquier asunto civil, comercial, laboral, de minería y de familia, con contenido patrimonial, que no exceda de $ 100.000, mientras que sea planteado por las partes en presentación conjunta (art. 2, inc. 1, subinc. c; ver art. 318 CPCC La Pampa).

3.5.3.3. En cualquier asunto civil, comercial, laboral, de minería y de familia, con contenido patrimonial pero de monto que “no se pudiere determinar”, mientras que sea planteado por las partes en presentación conjunta (art. 4; ver art. 318 CPCC La Pampa).

Toribio Enrique Sosa

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